Frederich E. Bergés
Hace años hemos sostenido que cuando queremos analizar qué está pasando en lo que economía de corto plazo se refiere, se nos olvida el instrumento más importante, esto es, la ley de presupuesto.
En él, observamos que a grandes rasgos nuestro próximo presupuesto genera tres grandes retos.
El primero y más grande es reducir la magnitud del déficit entre ingresos y gastos públicos. Este déficit, que habrá de cerrar el año en una cifra mayor a los 400 mil millones de pesos, se ha declarado meta que para el año próximo no supere los 150 mil millones.
O sea, reducir el déficit actual a menos de la mitad, en más de 270 mil millones de pesos, y con ello satisfacer los tenedores de deuda dominicana y las amenazas de una mayor devaluación en nuestra tasa de cambio.
Para lograr esta meta, el segundo reto supone que habremos de aumentar los ingresos públicos en unos 135 mil millones de pesos, que aparentemente incluirán nuevos impuestos que recaerán sobre a la clase media, en vez de acentuar la persecución de evasores impositivos y los desfalcadores de la cosa pública.
La tercera meta tiene como objetivo una reducción de gastos en unos 137 mil millones de pesos.
Sin embargo, la continuidad de nombramientos de funcionarios en instituciones innecesarias como el Instituto Nacional de la Aguja (y mas de 100 ejemplos similares) y la falta de voluntad para la supresión de algunos sueldos públicos exagerados, eliminación de beneficios y privilegios colaterales, incluyendo todos los poderes el estado, ha mermado la credibilidad de tal objetivo.
Por ello, las metas del nuevo proyecto de presupuesto han merecido innumerables cuestionamientos públicos, poniendo en duda si será posible al actual gobierno cumplir con los retos planteados, o si serán necesarios ajustes mas racionales y con una mayor voluntad política menos populista.
