Retiro de cuatro jueces de la Suprema Corte genera preocupación sobre el futuro de la carrera judicial

Santo Domingo.– La decisión de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia de no someterse al proceso de evaluación constitucional plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para retener experiencia, liderazgo y talento en los niveles más altos del Poder Judicial.

Así lo advirtió Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) de Altas Cortes), quien llamó a las instituciones responsables a reflexionar sobre las condiciones que están rodeando el actual proceso de evaluación.

Blanco sostuvo que la evaluación de los jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia constituye un mecanismo constitucional diseñado para fortalecer la legitimidad del sistema de justicia, siempre que se desarrolle mediante procedimientos transparentes, objetivos y respetuosos del debido proceso y del mandato constitucional de paridad.

“Su éxito no depende únicamente de las decisiones finales que adopte el Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de la confianza que genere el propio procedimiento”, afirmó.

Una salida que representa pérdida de experiencia

La representante de la ROI destacó que tres de los cuatro magistrados que decidieron no continuar pertenecen a la carrera judicial y señaló que se trata de profesionales relativamente jóvenes, formados y capacitados durante años por el Estado dominicano.

Destacó que su salida anticipada representa una pérdida importante de capital humano institucional, especialmente en un momento en que el país necesita fortalecer su judicatura.

La organización aclaró que respeta plenamente el derecho de cada juez y jueza a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial.

Sin embargo, considera legítimo preguntarse por qué magistrados que ocupan algunas de las posiciones más importantes del Poder Judicial están optando por concluir anticipadamente su trayectoria.

“Corresponde preguntarse si el sistema está ofreciendo las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en el mecanismo constitucional de evaluación y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial”, expresó Blanco.

La situación de las magistradas genera una preocupación adicional

La ROI también llamó la atención sobre el retiro de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez, debido a sus reconocidas trayectorias dentro del Poder Judicial.

La organización recordó que la designación realizada en diciembre de 2025 elevó a cinco el número de mujeres integrantes de la Suprema Corte de Justicia, un avance que valoró positivamente, aunque advirtió que la participación femenina continúa lejos del equilibrio establecido por el artículo 39.5 de la Constitución.

En el caso de Nancy Salcedo Fernández, Blanco señaló que la magistrada reunía las condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte de Justicia.

Para la ROI, esa posibilidad representaba una oportunidad histórica para el liderazgo femenino en el máximo tribunal del país que ahora se pierde.

Paridad debe orientar las decisiones del Consejo de la Magistratura

La organización recordó que la Constitución dominicana establece el deber del Estado de promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones.
Blanco sostuvo que ese mandato también debe ser observado por el Consejo Nacional de la Magistratura tanto en las decisiones de ratificación como en las nuevas designaciones.

“La paridad constituye un principio constitucional que debe orientar tanto las decisiones de ratificación como las nuevas designaciones”, señaló.

ROI recuerda advertencias del proceso anterior

La preocupación de la organización, explicó Blanco, no surge únicamente a raíz del retiro de los cuatro magistrados.
Durante el proceso anterior, la ROI ya había advertido sobre prácticas que, según su valoración, podían terminar desincentivando la participación de jueces y juezas en futuras evaluaciones.

Entre ellas mencionó la modificación de las reglas de evaluación cuando el período de designación de los magistrados se encontraba prácticamente concluido, la ausencia de criterios suficientemente objetivos y verificables, la publicación tardía de las actas y la insuficiente motivación de algunas decisiones de no ratificación.

También señaló el riesgo de que la evaluación del desempeño terminara apartándose de su finalidad constitucional y generara incertidumbre dentro de la carrera judicial.

En ese contexto, la organización recordó las situaciones relacionadas con las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez Ortiz.

En el caso de Jiménez Ortiz, recordó Blanco, la propia magistrada cuestionó públicamente la utilización de criterios subjetivos, la insuficiente motivación de la decisión de no ratificación y la existencia de posibles patrones de discriminación hacia mujeres en estos procesos.

La ROI sostiene que toda evaluación judicial debe desarrollarse con absoluto respeto a la independencia judicial, la igualdad de trato y la dignidad de quienes ejercen la función jurisdiccional.

Cuestionan transparencia de las actas

Otro de los puntos señalados por Participación Ciudadana es la transparencia de las actuaciones del Consejo Nacional de la Magistratura.

Blanco indicó que recientemente fueron publicadas las actas correspondientes a las sesiones de elección de jueces y juezas de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral celebradas en diciembre de 2025, luego de reiteradas solicitudes realizadas desde distintos sectores de la sociedad.

Sin embargo, consideró que la publicación de esos documentos todavía no satisface plenamente los estándares de transparencia y rendición de cuentas que requiere el proceso.

Según explicó, las actas permiten conocer el desarrollo formal de las sesiones y las decisiones adoptadas, pero no explican suficientemente cómo fueron ponderados los méritos de cada persona evaluada, cómo se aplicaron los criterios establecidos ni cuáles fueron las razones concretas que llevaron a unas decisiones y descartaron otras.

“Transparencia significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos; no consiste únicamente en publicar documentos”, sostuvo.