Soñaba que recién se había firmado el pacto eléctrico nacional, según se dispuso en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que por tantos intereses en conflicto se había pospuesto más allá de lo prudente.
Se veía en un gran salón a políticos del PLD, PRD, PRM y muchos grupos políticos minoritarios, junto a los representantes de las Pymes, el Conep, ANJE y otra gran cantidad de organizaciones empresariales, firmando al lado de representantes sindicales, de iglesias, de movimientos cívicos y otras entidades, un gran acuerdo, comprometiéndose en apoyar y respetar hasta su consecución.
Y ese acuerdo, que comenzaba con las definiciones necesarias de cada sector que participa en la industria eléctrica y el papel que han de jugar en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, SENI, fijaba la formula y periodicidad para el cálculo de la tarifa de transmisión que permitiera eficiencia, reposición, mantenimiento y expansión, acompañado de un modelo similar para la energía con base hidráulica, independiente de su adquiriente, todo dentro de un esquema de tarifa única y universal para los usuarios finales.
Observaba como se desmantelaba el Acuerdo de Madrid, implementándose un modelo de adquisición de energía sobre las bases reales de despacho por mérito, con acuerdos públicos-privados y fideicomisos dueños de plantas de generación, donde una “central de combustibles”, actuando como mesa común, hacía las adquisiciones en nombre de los generadores, aprovechando sinergias, acuerdos internacionales y licitaciones transparentes, abiertas.
Percibía una resolución política para que todo el que recibiera energía la pague, y se imponían esquemas de tarjetas prepagas, líneas y subsistemas blindados, penas efectivas y realizables para evasores, de manera que el cobro de la energía despachada alcanzaba un 85%, a sabiendas que se perdía cerca de un 10% por razones técnicas.
Finalmente desperté, y aunque todo lo anterior no había sido más que un sueño, sigo pensando que si los intereses se ponen a un lado, podría ser realidad.
