Respeto al debido proceso

Mucho “morbo” ha generado el hecho de que el Ministerio Público mantenga bajo arresto al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros nueve supuestos implicados en la denominada “Operación Medusa”, mediante la cual son acusados de estafa, lavado de activos, alteración de documentos y otros delitos que deberán ser ventilados en los tribunales.

Al paso de su gestión como jefe del Ministerio Público en el Gobierno del expresidente Danilo Medina, Jean Alain Rodríguez pudo granjearse manifestaciones de desafecto y hasta de odio entre diferentes sectores de la sociedad, por lo que no es secreto que muchos claman por su cabeza y que sea enviado a la prisión en un juicio sumario.

Sin entrar en valoraciones de las imputaciones, hay que esperar que el Ministerio Público cumpla con la normativa del debido proceso con pruebas contundentes contra el exprocurador y los demás acusados de los graves delitos, por el daño que acarrea formular denuncias de supuestos actos de corrupción sin el aval exigido por las leyes.

Rodríguez y los demás arrestados por el “Caso Medusa” merecen un tratamiento conforme a la dignidad humana y dentro de un juicio transparente, sin la estridencia a la que el Ministerio Público exhibe en cada caso de corrupción que instrumenta, con pasos que se caracterizan por el bullicio mediático y con formulaciones de delitos que se venden como “irrefutables” y propias de una condena inmediata en los tribunales.

Los tribunales, de su parte, están obligados a permitir que el exprocurador general y los demás imputados tengan el derecho a la defensa de acuerdo a las leyes y sin menoscabo de parte de las autoridades judiciales de pisotear su dignidad y su trayectoria profesional y pública.

Sencillamente, hay que permitir que en el juicio todas las partes presenten pruebas y contra pruebas que contribuyen a esclarecer el escenario sombrío que empaña la vida de los imputados y de sus familiares, aunque hay que reconocer que la sociedad reclama de sanciones severas contra los desfalcadores del erario, sin importar nombres sonoros y ni arraigo político.

Las autoridades judiciales deben cuidarse de que la población perciba o considere que el expediente contra los imputados pueda representar una persecución contra el exprocurador, por causa del episodio desagradable que protagonizó contra la hoy procurador general de la República, Miriam Germán Brito, durante el proceso de evaluación para la designación de algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia.

La preocupación viene porque existe el mal precedente del impedimento de salida que fue autorizado por una autoridad todavía no identificada dentro del Ministerio Público, cuando el exfuncionario pretendía viajar a Miami, sin que todavía existiera ningún expediente acusatorio o fuera afectado por una medida de coerción.

Este mal precedente es peligroso y no puede dejarse pasar por alto, sin importar que Jean Alain Rodríguez sea repudiado por diferentes sectores que cuestionan su paso por la Procuraduría General de la República. De ahí la humilde posición asumida por la procuradora general de la República contra las denominadas “alertas migratorias”, de lo que fue objeto el exprocurador en ese momento.

Lo que se exige es el respeto a la Constitución y el país merece una explicación de la actuación de sus funcionarios. Es lo más prudente y sano para el sistema democrático y de estado de derecho que hay que cuidar en el país.

El brazo de la Justicia debe llegar hasta los infractores de las leyes, pagando las culpas de acuerdo a los hechos cometidos, pero hay que velar porque los acusados tengan el derecho a la defensa y no que se continúe con la práctica de las sanciones a través de las redes sociales y mediante la divulgación de hechos que solo deben ser ventilados en los tribunales.

Todo el proceso debe encaminarse por el respeto del debido mandato de la ley.