Desde que se inició la situación desatada por la sentencia 168-13 del Tribunal, el gobierno dominicano ha tomado la decisión de ser parte de la solución, de no ser propiciador del encono y la confrontación de posiciones radicalmente opuestas, porque desde las pasiones que despierta este tema no es posible producir las soluciones necesarias.
Desde esa postura, se ha trabajado intensamente en la búsqueda de mecanismos para, cumpliendo con lo dispuesto en la sentencia, garantizar y proteger los derechos de la población que sería afectada por la misma, tanto migrante como nacida en nuestro territorio.
El Gobierno ha actuado con celeridad en la producción de soluciones, y así seguirá haciéndolo en los demás aspectos que se desprenden de la aplicación de la sentencia.
Lo que falta por hacer en lo que toca al tema de nacionalidad es estrictamente interno, y estamos seguros de que así seguirá siendo manejado por la administración del presidente Danilo Medina.
Pero en el aspecto de la migración y la regularización de las personas que permanezcan en nuestro territorio va a implicar la exigencia de que nuestros vecinos de Haití, su Estado, sus autoridades y personas con influencia en las decisiones internas de esa nación y en la formación de la opinión pública en su país y en el exterior, asuman el mismo grado de compromiso y responsabilidad.
En este aspecto será bienvenida la colaboración de la comunidad internacional en la vigilancia de los compromisos entre ambos Estados y el cumplimiento irrestricto de las obligaciones de cada parte.
Y en el apoyo técnico, logístico, económico e institucional en cualesquiera situaciones en las que lo que deba hacerse supere las capacidades o condiciones que prevalezcan en uno u otro lado de la frontera.
Para la administración gubernamental dominicana lo que falta por hacer en este tema contencioso constituye un desafío, pero lo superaremos. Con la voluntad firme y honesta de hacer las cosas correctas y de la manera correcta, tal como se ha conducido hasta el momento.
