SANTO DOMINGO. — El Consejo del Poder Judicial dominicano suspendió y envió a juicio disciplinario a cinco magistrados acusados de negociar la libertad de detenidos por narcotráfico, asesinatos y otros delitos.

El organismo puso bajo investigación a los jueces José Dionicio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa, Víctor Mejía Lebrón, Awilda Inés Reyes Beltré y Delio Germán Figueroa. Los tres primeros fueron suspendidos sin goce de salario.

Según el procurador general Francisco Domínguez Brito los jueces formaban parte de una estructura corrupta que operaba dentro del sistema de justicia bajo la dirección de Francisco Alberto Arias Valera, quien renunció el jueves como juez del Cuarto Juzgado de Instrucción de la provincia Santo Domingo.

“Tras un año de pesquisas preliminares, se ha podido determinar de modo indiciario que coexiste una estructura a lo interno del Poder Judicial conformada por jueces, empleados, exjueces, abogados y particulares que se dedica a manipular procesos judiciales y negociar libertades de personas ligadas al crimen organizado”, indicó Domínguez Brito en su denuncia.

Agregó que se registraron múltiples denuncias hechas por diversos medios y personas “referentes a actuaciones que conducen a la prevaricación en que estarían involucrados varios jueces”. En respuesta, el Consejo ordenó investigar las circunstancias de la decisión del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de San Cristóbal en favor de dos hermanos colombianos procesados por narcotráfico.

En el caso de la jueza Reyes Beltré la Procuraduría General cuestionó su decisión de otorgar la libertad a un concejal opositor acusado de dirigir una supuesta banda de sicarios a la que las autoridades atribuyen al menos cinco asesinatos.

La jueza determinó que la prisión del concejal era “arbitraria”. También fue cuestionada por ordenar la devolución de un avión Cessna 550 decomisado a un venezolano investigado por un supuesto fraude millonario, entre otros fallos controvertidos.

De acuerdo con la Procuraduría el juez Duvergé Mejía liberó bajo fianza, supuestamente a cambio de un soborno, a un hombre detenido en un aeropuerto cuando intentaba salir del país con 96 bolsas de heroína ocultas en su estómago con destino a Fort Lauderdale, Florida.

Arias Valera atribuyó las acusaciones a una supuesta campaña política que, según afirmó, busca desacreditar las elecciones internas del Poder Judicial. También relacionó la denuncia al hecho de que renunció con el objetivo de sumarse en enero a una oficina de abogados privada.