Santo Domingo. — El gobierno dominicano se prepara para comenzar esta semana a repatriar inmigrantes que no se hayan registrado en un programa especial para legalizar su estatus, mientras miles de personas hacen largas filas para tratar de inscribirse.
Aunque el canciller Andrés Navarro y el ministro de Interior Ramón Fadul han dicho que no habrá deportaciones masivas, las instituciones del gobierno preparan oficinas y capacitan personal para detener en la calle a quienes por su apariencia puedan ser extranjeros sin permiso de residencia.
El general Rubén Paulino, director de Migración, adelantó el martes que desde el jueves equipos de esa institución acompañados por miembros del ejército recorrerán las zonas urbanas con amplia presencia de inmigrantes para detener y deportar a quienes no se hayan registrado en el programa.
“En caso de no estar registrados, serán repatriados”, advirtió el oficial luego de suscribir un acuerdo de cooperación con el jefe del ejército para la colaboración de los militares en las deportaciones.
Las repatriaciones de inmigrantes del vecino Haití fueron constantes durante años e incluso generaron frecuentes cuestionamientos de organismos internacionales, pero quedaron suspendidas durante todo el año que duró el plan de regularización.
Paulino explicó que los agentes migratorios y los militares recibieron capacitación para respetar los derechos humanos de los migrantes que sean detenidos.
Detalló que esa institución cuenta con 12 autobuses, siete camionetas y dos ambulancias que dedicará de forma exclusiva al traslado de los extranjeros hacia las oficinas migratorias tanto en las principales ciudades como en la frontera para que ahí se realice el trámite de deportación.
La institución también amplió una antigua prisión migratoria en las afueras de Santo Domingo. Las deportaciones comenzarán un día después de que el miércoles concluya el programa establecido en junio de 2014 para regularizar el estatus migratorio de los más de 500.000 extranjeros que, según una encuesta de Naciones Unidas, viven en el país sin permiso de residencia.
El ministro Fadul detalló que hasta el lunes sólo unas 250.000 personas se habían inscrito para legalizar su estatus, de las cuales la gran mayoría aún no reunía todos los requisitos, y sólo 300 habían recibido su permiso temporal de residencia.
El funcionario había adelantado la semana anterior que todas las personas que se inscribieran en el programa recibirían una credencial provisional mientras concluyen su regularización para evitar ser deportadas.
Esos carnés no han sido entregados. Según Fadul uno de los principales obstáculos para legalizar a los haitianos fue la negativa de sus empleadores a darles constancias de trabajo, además de que mucho de los inmigrantes, especialmente aquellos que han vivido por décadas en República Dominicana, no cuentan con ningún tipo de identificación, indispensable para inscribirse.
Cuando comenzó el programa el gobierno haitiano se comprometió a emitir cédulas de identidad y pasaportes a sus ciudadanos que viven en República Dominicana, pero los costos y la lentitud del trámite se convirtieron en otro obstáculo.
El programa fue establecido luego de que en 2013 el Tribunal Constitucional ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad a todos los nacidos en el país entre 1929 y 2007 de padres extranjeros que no tenían permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.
Aunque una ley posterior revalidó la nacionalidad a todos los alcanzados por la sentencia, el registro civil no ha entregado los documentos de identidad a los 53.000 afectados, por lo que son vulnerables de ser expatriados cuando comiencen las deportaciones, dijo en una reciente entrevista Ana María Belique, vocera de una organización de derechos humanos que defiende a dominicanos de ascendencia haitiana.
