SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Cámara de Diputados dominicana debatía este martes un controvertido proyecto para despenalizar el aborto en algunos casos, que ha generado protestas callejeras y dividido a la opinión pública del país.

“Legalizarlo (el aborto) sería legalizar el infanticidio, sería legalizar la muerte”, dijo Francis Pérez, un hombre que se ubicó afuera del Congreso crucificado y semidesnudo.

Los legisladores habían comenzado el debate de la pieza el 11 de diciembre pero ante la falta de consenso en cada una de las bancadas el presidente de la cámara, Abel Martínez, pospuso la discusión y votación.

Rubén Maldonado, vocero del bloque del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, aseguró la víspera que la bancada de ese partido está unificada para apoyar la propuesta del presidente Danilo Medina. Con 98 de los 190 escaños, el Partido de la Liberación no cuenta con las dos terceras partes de los votos necesarios para aprobar la pieza. Los 78 diputados del opositor Partido Revolucionario Dominicano permanecían divididos.

El Congreso bicameral aprobó en noviembre, tras 17 años de discusiones, una reforma al código penal en la que, entre otras modificaciones, eleva de cinco a 10 años de cárcel la pena para las mujeres que aborten y los médicos que las asistan, pero elimina las condenas cuando la interrupción del embarazo se deba a un “estado de emergencia”. La pieza, sin embargo, no detalla el significado de “estado de emergencia”.

El presidente Medina vetó el proyecto y pidió a los legisladores que, dado que el código castiga con penas graves el aborto, precisen con claridad las interrupciones del embarazo que no serán tipificadas como delito.

El mandatario también sugirió que no sean penalizados los abortos cuando el embarazo ponga en riesgo la vida la mujer, sea producto de una violación o el embrión presente deformaciones “incompatibles con la vida”.

Mientras grupos de derechos humanos, el gremio de médicos y organizaciones feministas aplaudieron la propuesta del presidente, las iglesias católica y evangélica han encabezado protestas en las calles para exigir a los diputados y senadores rechazar la iniciativa. Pedro Sing, presidente del gremio médico, insistió el martes a su llegada al Congreso que la propuesta es un reconocimiento a los derechos de la mujer y para que los galenos puedan trabajar sin temor a ser apresados.

Por su parte, el sacerdote Manuel Ruiz, quien hasta el fin de semana fungía como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, ha amenazado a los congresistas con represalias de carácter electoral por parte de la comunidad católica en los próximos comicios.

Ruiz renunció el fin de semana a su cargo como enlace con el Ejecutivo en rechazo a la propuesta de Medina y a la defensa que han hecho diversos miembros del gabinete de la despenalización de algunos casos de aborto.

Miembros de diferentes iglesias llegaban al Congreso el martes para orar a fin de que los congresistas rechacen la propuesta presidencial. Médicos y grupos de derechos humanos también se concentraban afuera del palacio legislativo para expresar su apoyo a la despenalización del aborto.

En caso de que dos terceras partes de los diputados y de los senadores rechacen la solicitud de Medina, el nuevo código penal será promulgado sin las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.