Foto de archivo.
SANTO DOMINGO.-El gobierno dominicano informó el viernes que revalidó la nacionalidad a cerca de 55.000 personas que estuvieron a punto de perderla y durante unos ocho años no pudieron hacer ningún trámite por ser descendientes de inmigrantes que no tenían permiso de residencia.
La medida supone el fin del proceso de desnacionalización de descendientes de haitianos que la junta central electoral, administradora del registro civil, comenzó de forma sistemática en 2007 con el argumento de que los afectados habían sido registrados de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.
La junta electoral publicó el viernes en la prensa y en su página en internet la lista de unas 55.000 personas que podrán obtener nuevamente sus documentos de identidad que los certifican como dominicanos.
El presidente de la institución, Roberto Rosario, aseguró en entrevista con el periódico Hoy que los afectados podrán recibir sus documentos de identidad en las oficinas del registro civil.
“Hemos podido comprobar con varios de los afectados que en los últimos días se ha generalizado la entrega de las copias de las actas de nacimiento y las correspondientes cédulas de identidad”, dijo en un comunicado el denominado Comité de solidaridad con las personas desnacionalizadas compuesto por intelectuales, activistas de derechos humanos y periodistas.
La junta electoral había comenzado en 2007 de manera oficial a retener los documentos de identidad a los descendientes de inmigrantes haitianos, argumentando que habían sido obtenidos de manera fraudulenta con la única meta de obtener la nacionalidad dominicana.
La medida, criticada por diversos organismos de derechos humanos, había impedido que los miles de afectados pudieran estudiar, obtener un trabajo formal, abrir cuentas bancarias, registrar el nacimiento de sus hijos e incluso casarse.
En un controvertido fallo de fines de 2013 el Tribunal Constitucional respaldó las acciones de la junta electoral y ordenó a su vez anular en juicios individuales la nacionalidad de todas las personas nacidas en el país entre 1929 y 2007 cuyos padres fueran extranjeros sin permiso de residencia.
La decisión judicial afectaba a miles de descendientes de migrantes del vecino Haití que durante décadas fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos y generó una de las mayores tensiones entre los dos países que comparten la isla La Hispaniola y una larga historia de conflictos migratorios, políticos y comerciales.
El fallo de la Tribunal Constitucional generó cuestionamientos por parte de otros gobiernos, de Naciones Unidas, de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organismos humanitarios internacionales.
El anuncio de que los desnacionalizados podrán recuperar sus documentos ocurre al tiempo que el gobierno acaba de concluir la inscripción de extranjeros en un programa especial para que obtengan un permiso de residencia. Miles de haitianos que no se registraron en ese programa deberán volver de forma voluntaria a su país o estarán en peligro de ser deportados.
