Santo Domingo.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) colabora con el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) en la elaboración de una política nacional de seguridad cibernética, informó hoy el gobernador del banco emisor, Héctor Valdez Albizu.
La iniciativa, señaló el funcionario, “trazará las pautas generales y posteriores planes de acción de cara a la prevención puntual frente a las amenazas internas y externas». “Se está trabajando en la definición de reglas muy claras en materia de ciberseguridad financiera, en la forma de un reglamento, que estará en vigencia antes de que finalice el año”, explicó.
Este martes, un nuevo ciberataque mundial, similar al WannaCry que en mayo pasado perjudicó a más de 200.000 usuarios en 150 países, afectó a compañías de países como Ucrania y Rusia, el Reino Unido, Dinamarca, Alemania Francia o España.
Entre las compañías que han reconocido ser víctimas del último ciberataque están la petrolera rusa Rosneft, la naviera danesa Maersk o el grupo francés Saint-Gobain.
Valdez Albizu fue el encargado hoy del discurso inaugural del foro “Modernas amenazas a la seguridad- ciberseguridad, comercio ilícito y falsificación de medicamentos, organizado por la Cámara Británica de Comercio de la República Dominicana (Britcham).
El gobernador del banco emisor advirtió a la ciudadanía de que “los activos virtuales como Bitcoin, Litecoin, Ethereum, entre otros, no cuentan con el respaldo del BCRD y, por lo tanto, no gozan de la protección legal que otorga el marco jurídico de la República Dominicana».
También dijo que el BCRD y las entidades que conforman el sistema financiero nacional, “vienen cumpliendo con las normas internacionales en materia de protección frente a ciberataques” y se mantienen “constantemente vigilantes y actualizados para proteger los datos y la información sensitiva que custodian».
A la vez, consideró importante que los gobiernos del mundo participen activamente en el fortalecimiento de los esfuerzos para enfrentar el ciberdelito y para educar a empresas y ciudadanos en esta materia. “Y debe ser un proceso colaborativo público-privado para que sea inclusivo y efectivo”, consideró.
