Londres.- El Gobierno laborista británico presentó oficialmente este lunes su proyecto para la mayor reforma del sistema de asilo en décadas, que limitará el acceso a la residencia legal de los refugiados, endurecerá la reunificación familiar y acelerará las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el Reino Unido.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, aseguró que el plan, publicado en la página web del ministerio y que más tarde expondrá ante el Parlamento, permitirá «unir a un país dividido», pese a las críticas de colegas laboristas que lo consideran cercano al discurso de la extrema derecha.
Según el documento publicado, inspirado en el restrictivo modelo de Dinamarca, los cambios persiguen tres objetivos: reducir las llegadas de inmigrantes por vías irregulares, aumentar las devoluciones de personas en situación ilegal y crear nuevas rutas seguras y legales que faciliten las solicitudes de asilo genuinas.
Reducción de llegadas y apoyo a solicitantes de asilo
El Gobierno limitará la residencia de los refugiados que huyen de conflictos a un período inicial de 30 meses (2,5 años), revisable según la situación en su país de origen, y retrasará el acceso a la residencia permanente de los cinco años actuales a los 20 años. Durante esos 20 años, podrían perder su derecho a permanecer en el país.
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No obstante, esas personas podrán acceder antes a la residencia si optan a unos nuevos visados específicos de trabajo o estudio, diseñados para favorecer su integración.
La reunificación familiar dejará de ser automática y solo será posible para quienes participen en estas rutas de trabajo o estudio.
Se reducirá el acceso a prestaciones públicas, como subsidios de vivienda o ayudas sociales, para quienes puedan mantenerse por sí mismos, con el objetivo de disminuir los incentivos a migrar al Reino Unido.
Además, la ayuda directa del Gobierno, que incluye alojamiento temporal y manutención mientras se resuelve la solicitud de asilo, dejará de ser por defecto y solo se ofrecerá a quienes cumplan la ley, cooperen con las autoridades y acepten las condiciones de reubicación.
El Ejecutivo requerirá a los solicitantes de asilo que tengan activos o ingresos que contribuyan a su manutención y podrá confiscar sus bienes si los descubre más tarde.
Se pondrá fin al polémico uso de hoteles como alojamiento para potenciales refugiados y se les trasladará gradualmente a instalaciones de tipo militar o comunitarias.
Aceleración de devoluciones
Se intensificarán las deportaciones de quienes no tengan derecho a permanecer en el país, incluidas familias, a los que se les ofrecerá apoyo económico para facilitar el retorno voluntario.
El Gobierno sigue negociando acuerdos con terceros países considerados seguros para enviar allí a solicitantes de asilo cuyo caso se haya rechazado en el Reino Unido pero que no puedan ser legalmente devueltos a sus lugares de origen.
Se aplicarán sanciones, como la denegación de visados, a los países que no cooperen con la devolución de sus ciudadanos. En este sentido, el Ejecutivo ya ha alertado de esta penalización a la República Democrática del Congo, Namibia y Angola.
Además, el Gobierno británico cambiará la ley de derechos humanos para restringir la aplicación del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), relativo al respeto a la vida familiar y privada. También tratará de reformar el artículo 3 de la CEDH para evitar un uso abusivo de las denuncias por tortura.
Rutas seguras y legales
Añade que se crearán nuevas vías de acceso seguro y legal para refugiados genuinos, con cupos limitados y controlados.
Se fomentará el patrocinio comunitario, permitiendo que organizaciones y particulares apoyen la integración de los refugiados de manera planificada y supervisada, dentro de unos cupos marcados por el Gobierno.
Según el documento, desde 2021 más de 400.000 personas han solicitado asilo en el Reino Unido, frente a unas 150.000 en el periodo de 2011 a 2015. De los 111.800 solicitantes llegados este año, solo el 37 % lo hicieron inicialmente con un visado legal.
Desde que el Gobierno laborista llegó al poder en julio de 2024, se han resuelto 85.000 solicitudes y se han efectuado más de 48.000 retornos, incluidos 5.400 de delincuentes extranjeros.
Actualmente, unos 106.000 inmigrantes se encuentran en el Reino Unido esperando la resolución de su solicitud de asilo en alojamientos sufragados por el Estado, lo que tuvo un coste diario en torno a 9 millones de libras (10,2 millones de euros) en el pico de 2023.
Fuente: EFE
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