Reforma Fiscal en dos partes

Esta semana pasada se depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley de reforma fiscal con ribetes muy parecidos a la propuesta presentada y retirada el año pasado por el Gobierno.

En este caso la iniciativa surgió de un diputado de la oposición quien al parecer está consciente de que al margen del Gobierno tener que reducir su dimensión, duplicidades, superficialidades y prebendas políticas, es necesario mejorar el recaudo público.

Desglosando el proyecto recién sometido está claro que el mismo se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas.

Están aquellas destinadas al aumento del recaudo y cierre de brechas, y aquella que se introduce plenamente en el mundo de las exenciones. Debido a ello proponemos que se tome el proyecto y se divida en dos partes.

La primera sería la de aprobación inmediata. Es aquella que se refiere a la eliminación de la exoneración de impuestos a vehículos para servidores públicos. Así mismo está el establecimiento de un impuesto selectivo al consumo del 16 % sobre los ingresos de las bancas de apuestas.

La segunda parte es mucho más delicada y requiere mayores consideraciones, sobre todo en cuanto a su impacto sobre el actual proceso de desarrollo económico.

Aquí están incluidos el tema de nuevos aranceles (estamos obligados a mantenernos alejados de la actual guerra comercial internacional en desarrollo) y las exenciones de la Ley Minera y la del Fomento de la Actividad Cinematográfica.

Así mismo están las consideraciones sobre la Ley de Competitividad e Innovación Industrial, Desarrollo Fronterizo, Desarrollo del Mercado Hipotecario, Fomento de Mecenazgo Y Desarrollo Turístico. Cada caso de estas legislaciones de fomento deben ser objeto de sus propias modificaciones, teniendo presente el desarrollo logrado en cada sector y su impacto en el crecimiento futuro de la economía.

Una reforma fiscal mesurada y bien ponderada a lo largo del presente periodo de gobierno sería mucho más sano que la festinación. Más aún si viene acompañada con medidas de ajuste fiscal en cuanto al gasto y los subsidios y la mejora de la administración pública.