Wilfredo Mora
5.- Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Tras muchas décadas de prestar atención a la inseguridad ciudadana (con sus vidas cobradas por la delincuencia y el inestable clima de paz social e intranquilidad), surge la premisa de que el delito y la seguridad impactan al público en general, negativamente, y amenazan el desarrollo sustentable, implicando un costo económico en gastos en seguridad urbana y en salud, en erosión de la comunidad y ahuyentando a los inversionistas.
Esta (in)seguridad ciudadana creada por el mismo Estado, por años se vincula a las condiciones psicosociales de la población. Sociológicamente, somos una sociedad enferma (por los homicidios diarios, las lesiones físicas y psicológicas de los atracos), y antropológicamente, una comunidad que ve apagar sus tradiciones y, lastimosamente encender otras (música urbana, como aberración de nuestra juventud).
Es importante reconocer que la Policía Nacional no puede mejorar la seguridad ciudadana ella sola.
¿Acaso se puede erradicar la violencia sin el fortalecimiento del civismo, de la seguridad ciudadana?, ¿es la Policía Nacional quien debe hacer esto? Empíricamente las competencias en el orden interno y la responsabilidad en el orden público y la seguridad ciudadana no se encuentra implícitamente recogida en una ley superior que establezca un sistema de seguridad ciudadana con participación de las instituciones públicas, la sociedad civil y la Policía Nacional, en el más amplio sentido.
Si miramos la evolución y transformación de las instituciones policiales en América Latina veremos que nuestro país tiene una única Policía, y aunque existen muchos organismos que pueden llamarse policiales locales, estas obran en base a la misma mentalidad de la Policía Nacional. Y no pueden nutrirse de la sede principal. Ejemplo hay muchos: militares que fueron jefes de la PN y policías directores de la DIGESET, hoy una dependencia del INTRANT.
Los países que nos superan en todas las formas de seguridad y paz social, se valen de una ley-madre que regule mediante un sistema integral todas las acciones de las dependencias señaladas para cumplir la función del orden interno y público de la nación.
Mientras termino este artículo, está iniciándose el plan piloto “Mi país seguro”, iniciativa de la Estrategia de la Seguridad Ciudadana, como también el plan de desarme. Más que plan, se necesita un pacto social. Así no se contradice el ideal de una política pública del Estado de alcanzar la seguridad ciudadana mediante una ley general.
El presidente Abinader debe dar un paso atrás con la Comisión que ha formado. Ellos harán un informe para la reestructuración de la Policía Nacional (¿?), con la finalidad de mejorar sustantivamente los servicios policiales, pero los miembros debieron ser otros:representante de la autoridad política de mayor nivel (Vicepresidenta), El Director policial, La autoridad educativa nacional, la mayor autoridad de salud o su representante, un representante del Poder Judicial, o su representante, un representante del Ministerio Público, un rector de una universidad, el Defensor del Pueblo y tres Alcaldes de las provincias con mayor número de electores.
Esa Comisión sería especial, de alto nivel, y serviría para dar un informe de seguridad ciudadana.
