3.- Profesionalización de la Policía Nacional. Digamos, sin ambages, que la reforma policial la detiene el proceso de la profesionalización del organismo, con sus avances y retrocesos; a lo interno, por no contar con una definida “carrera policial”, merecida, pero nunca puesta en marcha, la cual se refleja en los niveles altos de violencia que confronta a diario con la ciudadanía, por no frenar el autoritarismo de los mandos superiores; en lo externo, por no cumplir con la misión de prevención, disuasión, control de la violencia y la persecución del delito, por haberla manejado a su antojo, ascendiendo a oficiales que no reúnen requisitos policiales ni profesionales, además de ser utilizada para defender los intereses del sector político, siempre dentro del gobierno de turno.

Por ello, antes de hablar de profesionalización en las filas de la Policía Nacional se recomienda una auditoría social, y otra de carácter técnico. Luego una consulta general, a través de una encuesta de opinión pública, que no puede quedar fuera de esa cuestión.

La policía no es la culpable de la violencia, ella ya existía antes que ellos. La verdadera causa de la delincuencia es el “paro juvenil”, y todo lo que de ahí deriva; pero sin una profesionalización de la institución policial en el país, no tenemos nada; la dificultad de nunca acabar es que los superiores monopolizan muchas de sus acciones.

Entre los primeros retos de profesionalización está la mejora de condiciones de la misma policía; es decir, aquello que repercuta en las funciones democráticas de la policía y en la reducción de la violencia que aqueja a la población.

Así, mejorar el salario de los contingentes policiales es válido a partir de una política pública del Estado en relación con la institución. Pero ha ocurrido lo opuesto, se le conoce como “especialismos”, o sueldos paralelos, sólo para los oficiales. Una medida antidemocrática y contraria a la profesionalización del Cuerpo policial.

El fundamento de profesionalismo de la Policía es un problema de equidad, de prudencia. En el primero, el Estado es el primer interesado en reconocer los riesgos de la seguridad; el uso de la fuerza deber ser conocido por la Policía, y deberán tener las orientaciones para ejercer su poder, pues en una democracia prima el respeto a los derechos humanos, al bien común y los intereses, público e individual.

La ruta de la profesionalización indiscutiblemente permitirá un giro en la doctrina policial, ahora más democrática y menos autoritaria. Con ello se puede poner fin a las funciones ilimitadas de la Policía Nacional frente a la criminalidad, a la politización en sus filas, al cambio de actitud frente a los derechos fundamentales de los ciudadanos, y sobre todo –y esto es lo más importante–, a su actuación transparente, así como poner fin al monopolio de la violencia, del uso de la fuerza en sus diligencias.

Indiscutiblemente, toda sociedad necesita a sus policías, pero también existe el miedo al uniforme. Genéricamente hablando, es hora de un cambio.