Santo Domingo. El proyecto de reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 incluye una nueva disposición que establece la prohibición de asignar agentes policiales a labores de vigilancia y seguridad interna en ministerios, entidades autónomas, descentralizadas, empresas públicas y otras dependencias del Estado.
La iniciativa, contenida en el articulo 47 del proyecto depositado el pasado lunes en el Senado de la República, busca garantizar que la Policía Nacional concentre sus funciones exclusivamente en la seguridad pública y ciudadana, evitando el uso de personal policial para tareas administrativas o de resguardo interno de instituciones públicas.
De aprobarse esta reforma, cada organismo estatal estaría obligado a garantizar su propia seguridad perimetral e interna mediante servicios privados contratados según la ley o mediante su propio personal designado para esas funciones.
Excepciones
El artículo contempla excepciones limitadas, permitiendo la presencia policial únicamente cuando se trate de proteger a funcionarios o exfuncionarios con necesidades especiales de seguridad, o para resguardar bienes jurídicos esenciales vinculados directamente con la seguridad pública.
Para ello, deberán cumplirse cuatro condiciones: Declaratoria formal y motivada de riesgo, autorización expresa del Ministerio de Interior y Policía, términos y duración del servicio definidos por escrito, evaluación periódica y retiro inmediato cuando desaparezcan las causas.
El Ministerio de Interior y Policía deberá mantener un registro actualizado y auditable de todas las excepciones autorizadas.
El texto también advierte que cualquier autoridad que ordene o mantenga personal policial desempeñando funciones ajenas a la seguridad pública en violación de esta disposición, enfrentará acciones disciplinarias, además de posibles investigaciones administrativas, civiles y penales.
Esta disposición forma parte del paquete de modificaciones impulsado para modernizar la Policía Nacional y redefinir sus competencias, en el marco del proceso de reforma institucional y fortalecimiento de la seguridad ciudadana.
Limita servicios a empresas privadas
Así mismo, el proyecto de ley limita de manera general que los miembros de la institución sean destacados, asignados o presten servicios permanentes a personas privadas, empresas o corporaciones con fines de lucro, salvo en casos expresamente autorizados por la ley.
La medida está contenida en los artículos 145 y 146 del proyecto de modificación legal, que buscan garantizar que los agentes policiales concentren su labor en la seguridad pública y ciudadana, evitando que su presencia se convierta en un recurso regular para intereses privados.
El proyecto establece que únicamente en situaciones excepcionales se permitirá la presencia de policías en instalaciones privadas, siempre que exista una solicitud motivada de la entidad y se cumplan ciertas condiciones:
La solicitud debe justificar interés público o vinculación a la seguridad ciudadana sin afectar la disponibilidad operativa de la Policía. La entidad privada deberá suscribir un convenio específico aprobado por el Consejo Superior Policial y registrado ante la Contraloría General de la República, asumiendo todos los costos del servicio, incluyendo remuneración, combustible y equipamiento. Nunca se permitirá la presencia permanente de personal policial en empresas con fines de lucro.
La reforma también establece la obligación de la Policía Nacional de publicar anualmente en su portal institucional un listado de todos los convenios o servicios prestados a entidades privadas, detallando duración, tipo de servicio y valor económico de cada acuerdo.
Con estas disposiciones, el proyecto de ley busca fortalecer la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos policiales, alineando la actuación de la institución con su misión principal de protección de la ciudadanía y del orden público.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
