José Miguel de la Rosa
Decía recientemente el expresidente Hipólito Mejía que estamos en una situación de “sálvese quien pueda”, y ciertamente eso es lo que percibe la gente ante el panorama social en que se encuentra el país.
Hay un tema que va en constante crecimiento y que de alguna manera se debe buscar la forma de detenerlo, que es el irrespeto a las autoridades.
En los últimos tiempos hemos visto con frecuencia a través de las redes como ciudadanos enfrentan a cualquier autoridad sin mostrar ningún respeto a su investidura, como si de nada valiera tener instituciones encargadas de establecer el orden público en todos los niveles.
Para que tengamos una idea, aquí cualquiera se va a la trompada con un policía llamado a preservar el orden, o con un agente de tránsito; se irrespetan las leyes y nada pasa; los espacios públicos y las cosas del Estado tienen dueños porque todo el mundo hace lo que le da la gana, gracias a la debilidad institucional.
Pero, así como tenemos problemas por irrespeto a la autoridad y la falta de confianza en la misma, también está el tema del exceso de poder ejercido por los que están llamados a mantener el orden.
Quizás esos enfrentamientos entre policías y civiles vienen precedidos por abusos de poder que, obviamente, tendrán una reacción en muchos de los casos, y en otros lo que sucede es que el poder arrolla al más débil, como ocurrió recientemente en Hato Mayor, donde un oficial de la policía asesinó a un joven frente a una multitud por razones aún no esclarecidas, y un agente de la Policía Municipal que le disparó a quemarropa a un ciudadanos con una escopeta, en la capital, por mencionar algunos ejemplos.
¿Cuál es la raíz de eso? Parte del problema tiene su origen en la desconfianza que de una u otra manera han sembrado en la población quienes administran y han administrado el Estado, que como garante de la regulación del orden público y garantistas de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, no han podido obtener plena confianza de los gobernados a través de la implementación de políticas públicas en pro de satisfacer las necesidades básica de la gente.
El nivel de satisfacción ciudadana hacia los poderes del Estado no es el mejor, y eso para nadie es un secreto. La Justicia ha venido en un creciente deterioro provocado por sus mismos actores que se han encargado de desacreditar a todo el sistema, sobre todo cuando nos encontramos con jueces que favorecen a narcotraficantes, otros que se dedican a negociar sentencias, y algunos que actúan de acuerdo a sus intereses.
En el Poder Legislativo, la credibilidad es cada vez menor porque la gente entiende que los senadores y diputados hacen las leyes que les auto beneficien y que van al Congreso a enriquecerse, mientras que el Ejecutivo, por más que haga nunca dejará complacida a la mayoría, porque lo que se hace para algunos, falta para muchos; además, popularmente se tiene la percepción de que todos los políticos son ladrones
Corresponde a las autoridades, en sentido general, trabajar para cambiar la mala imagen que han sembrado en la población, si es que existiera el interés de contar con un Estado respetado, donde la gente tenga el derecho a reclamar y exigir sus derechos sin tener que acudir a inconductas ni a prácticas que alteren el orden público.
Así que, se debe evitar que salga de control la paz ciudadana, con unas autoridades que no vulneren los derechos de los ciudadanos, y una ciudadanía consciente que sepa reclamar sus derechos y deberes sin violar las normas.
