Nassef Perdomo Cordero, abogado.
Aunque la salud pública es prioritaria, las amenazas de la pandemia a nuestra sociedad no se limitan a ella.
Es ya lugar común hablar sobre la importancia de equilibrar la protección de la salud de las personas con la protección de la salud de la economía. Si bien lo primero sigue teniendo mayor peso en el corto, mediano y largo plazo, ya es tiempo de plantearse cómo enfrentar las consecuencias del frenazo económico.
Desde marzo, el Estado dominicano ejecuta una política de pagos directos a las personas para que su pérdida de ingresos no sea total; este y otros programas han sido subvencionados en parte con endeudamiento público. El reto es que, una vez superada la etapa más grave de la crisis pandémica, el Estado tendrá que buscar mecanismos adicionales para impulsar la actividad económica y para cumplir con sus obligaciones.
Los hechos dificultarán esa labor. La casi segura recesión en la que entrará la economía dominicana reducirá significativamente la recaudación tributaria. Al mismo tiempo, la capacidad de endeudamiento del país habrá disminuido considerablemente. Sin embargo, estos mismos factores harán cada vez más importante la oferta de servicios públicos mediante los cuales el Estado sea capaz de crear las condiciones para el crecimiento económico.
La solución más clara a este trance es la inversión privada en los servicios y proyectos públicos en los que sea viable.
Afortunadamente, desde principios de año el país cuenta con las herramientas legales para ello: La aprobación de la Ley 47-20 sobre Alianzas Público-Privadas (APP) establece un marco que permitirá al Estado atraer esas inversiones y poner en marcha planes y proyectos sin necesidad de acudir a las rentas nacionales o endeudarse.
Aunque tienen muchos elementos en común con las concesiones, las APP permiten una relación de mayor colaboración entre el Estado y sus socios privados.
Comparten responsabilidades y riesgos durante la duración del contrato.
Su flexibilidad sirve también para adaptarlas a las necesidades del sector público sin que ello implique quebrantamientos del orden jurídico ni contratos leoninos.
Con propuestas ingeniosas y bien estructuradas, el sector privado jugará un papel significativo en la recuperación de la economía dominicana. Lo hará, además, de mano del Estado en una relación de reciprocidad que beneficiará a este, al sector privado y a la sociedad.
