No encuentro explicación a que el presidente Abinader deba ocuparse él mismo de dignificar a una entidad como el Falpo, de connotada vocación contraria al orden democrático, presentándole lo que ignoramos el resto de los ciudadanos, que pagamos impuestos, su proyecto de reforma fiscal.
Hace unos días dije que una manera de evadir la responsabilidad de tomar decisiones de Estado que pueden resultar impopulares es procurar un imposible consenso entre todos los sectores de la vida pública. ¿Pero el Falpo? Es una quimera pretender un acuerdo nacional en que todos consientan cómo, cuándo y hasta dónde realizar las quince reformas que ha propuesto el presidente Abinader.
¿Cuál propuesta sobre seguridad ciudadana tiene el gobierno, distinta a la solución que dizque diseñó el asesor Rudolph Guiliani, enredado en innumerables ilícitos a su cargo en cortes estadounidenses, podría agradar al Falpo? Ante la abrumadora opinión pública que a gritos pide controles para frenar la invasión haitiana, ¿hay tantas distintas opciones?
Con la reforma fiscal, ¿qué grupo consentirá que aumente su carga impositiva mientras el propio presidente se resguarda en paraísos fiscales? Luis afortunadamente saca la milla a los demás políticos, pero eso significa ser menos malo en esa materia. El Falpo solo puede prometer no quemar gomas ni hacer desórdenes. ¿Qué o cuánto costará eso?
