Theresa May enfrenta tremendo rebulú en el Reino Unido por cumplir sus promesas electorales y anteriores acerca de convertir a su país en “difícil e incómodo” para los inmigrantes.
Con un alcalde de Londres que es musulmán y mayores números de árabes y otros africanos exigiendo derechos, pese a su Sharía, la cuerda ha roto por el eslabón más débil: miles de ciudadanos (o súbditos) británicos de origen caribeño, quienes pese a llevar muchísimas décadas residiendo legal y pacíficamente allá, no pueden demostrarlo legalmente.
Hasta hace apenas un lustro la vida ordinaria de los ingleses requería casi ninguna documentación sobre registro civil ni ciudadanía.
A quienes molesta que extranjeros nos piden cuentas por los haitianos, les extrañará saber que la primera ministra May ayer pidió excusas por la persecución policial contra caribeños.
Simultáneamente clérigos musulmanes se empeñan en demostrar que Isabel II desciende de Mahoma.
El tema inmigratorio es crecientemente relevante en la política. Salvando distancias, para merecer respeto internacional el imperio de la ley y el debido proceso son imprescindibles.
