Santo Domingo.- Desde la madrugada de este martes fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), realizan amplios allanamientos en el Gran Santo Domingo.
Según datos, los allanamientos guardan relación con empleados de la Procuraduría General de la República que supuestamente se dedicaban a quitar fichas de antecedentes Penales.
Los allanamientos ocurren luego de que Joel Ambioris Pimentel García, “La J”, fuera señalado como el supuesto responsable de la amenaza dirigida a la procuradora Miriam Germán Brito
Se recuerda que mediante un comunicado de tres páginas, Pimentel, conocido como “La J” llamó a Miriam Germán como dama honorable que está realizando “una labor de purificación en el sistema penitenciario dominicano”.
Sin embargo, negó que ejerza el control en las cárceles del país, y dijo que eso “algo totalmente divorciado de la verdad”.
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Dijo que tiene quince años residiendo fuera de la República Dominicana, más de la mitad de ese tiempo en Estados Unidos, y los últimos cinco (05) en España y que “ni cuando residía en el país, y mucho menos ahora, he controlado ni tratado de controlar cárceles, pues, hasta un niño sabe que los centros penitenciarios, sobre todo del llamado viejo modelo, eran controlados por autoridades corruptas en complicidad con detenidos que se encontraban dentro de cada recinto”.
Pimentel dijo que “siempre que se respeten sus derechos y se garantice su integridad, acudirá a todos los requerimientos que la Procuraduría solicite, incluso, hasta por video conferencia desde el consulado dominicano en España pudieron interrogarme, esto, en caso de haberles interesado.
A Pimentel García se le conoce como “J” y “El Grande” se le atribuye ser el dueño de la mayoría de los puntos de drogas de la ciudad de Santiago y ser la persona que amenazó a la Procuradora Germán con matarle a su hijo por esta haber tomado una serie de medidas que afectaron sus negocios ilegales en las cárceles.
Según las autoridades, Pimentel tenía el control de los comercios, ventas de drogas y operaciones telefónicas que se utilizan para estafar, además de organizar actos de sicariato.
