Periodista Luis García
La razón de ser de la Junta Central Electoral (JCE) resulta consustancial a la existencia, también, de un sistema de partidos políticos, lo que se traduce en una especie de matrimonio indispensable en democracia.
Lo anterior implica que entre el órgano electoral y las agrupaciones políticas reconocidas deberían expresarse siempre niveles de colaboración que garanticen la celebración de elecciones libres y transparentes.
Y por eso llamó poderosamente la atención que la JCE sometiera a discusión del Congreso Nacional, sin haberse logrado un consenso, los proyectos de reforma de las leyes 33-18 y 15-19, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y de Régimen Electoral, respectivamente. Evidentemente que se trató de un error estratégico y que creaba un ambiente negativo con miras a la celebración de las elecciones municipales, congresuales y municipales previstas a celebrarse en el año 2024.
La situación provocó que las principales agrupaciones de la oposición demandaran una explicación ante el extraño comportamiento. Las autoridades electorales, a sabiendas de que se trataba de un error estratégico, crearon las condiciones para que se retomara la discusión en la Mesa del Diálogo para la Reforma Electoral que coordina el Consejo Económico y Social, comprometiéndose las partes en la agilización de la búsqueda de un consenso.
Lo menos que convendría a la República Dominicana es que surja una crisis política y, peor aún, la suspensión de los comicios, como ocurrió con los municipales de 2020.
Ahora existe un buen ambiente de discusión. De hecho, han acordado establecer los consensos y disensos que existan, tomando como base la propuesta de modificación de las leyes electorales elaboradas por la JCE, así como realizar jornadas de trabajo de días consecutivos hasta tener el documento final de los resultados de la Mesa Electoral en un tiempo razonable y oportuno.
Lo ideal está en crear un panorama electoral despejado y libre de perturbaciones. El primer paso que hay que dar radica en la reforma del marco legal electoral, dado que el vigente ha demostrado ser una amenaza para la organización de un proceso eleccionario transparente y que genere la confianza del pueblo dominicano
A pesar de que el sistema de partidos políticos acusa debilidades, históricamente han jugado un rol preponderante en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y en términos de estabilidad, se ha manejado de manera adecuada.
Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, reglados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.
Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud también por los ciudadanos y ciudadanas, especialmente las élites políticas.
La Constitución de la República manda a la JCE a organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas.
Indudablemente, que se trata de un desafío extraordinario para el país, por lo que el referido órgano debe mantener un vínculo de cordialidad durante todo el proceso electoral con los partidos políticos que, en definitiva, son los que validan su actuación.
Seamos optimistas de cara al futuro inmediato. Apostemos a nuestra democracia y a que el liderazgo político y las autoridades electorales superaren los desafíos pendientes.
No existe espacio para errores estratégicos, ni del órgano electoral, ni de los partidos políticos. Avancemos hacia unos comicios libres y democráticos en 2024.
