RD$5,000 millones: caso Coral y Coral 5G deja la mayor indemnización a favor del Estado por corrupción
- La decisión forma parte del fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 29 personas vinculadas al entramado de corrupción y lavado de activos.-
Santo Domingo. La sentencia emitida en los casos Coral y Coral 5G incluyó una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano, considerada por el Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) como la más alta otorgada en el país en un proceso relacionado con corrupción administrativa.
La decisión forma parte del fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 29 personas vinculadas al entramado de corrupción y lavado de activos investigado por el Ministerio Público, una estructura que, según la acusación, habría desviado más de RD$4,500 millones de fondos públicos mediante operaciones realizadas desde instituciones estatales.
José Alberto Ortiz Beltrán, integrante del ERPP, calificó la decisión como histórica y sostuvo que constituye un precedente en materia de recuperación patrimonial y responsabilidad de funcionarios públicos.
“Es la indemnización más alta que se ha otorgado a favor de una víctima en un caso de corrupción pública”, afirmó a su salida de la audiencia.

El abogado explicó que el tribunal reconoció al Estado dominicano como víctima de los hechos y acogió los argumentos relacionados con los daños ocasionados por las acciones atribuidas a los condenados.
Según indicó, las juezas acogieron además el planteamiento sobre el daño moral y reputacional provocado al Estado, así como las afectaciones a instituciones públicas.
“Reconocieron que el Estado dominicano sufrió un daño reputacional, reconocieron el daño que sufrió la institución del Presidente de la República y el daño que sufrió el turismo dominicano a través del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur)”, expresó.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, el entramado operó entre 2012 y 2020 utilizando estructuras dentro del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y otras dependencias estatales para el presunto desvío de recursos públicos.

El expediente señala a Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, como uno de los principales responsables de la estructura, mientras que Juan Carlos Torres Robiou fue acusado de facilitar operaciones irregulares desde el Cestur y Rafael Núñez de Aza de desempeñar funciones clave en el manejo financiero del entramado.
La sentencia también incluyó condenas de hasta 20 años de prisión contra altos mandos militares, entre ellos Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Rafael Núñez de Aza, además de multas y sanciones económicas.
Ortiz Beltrán consideró que la decisión judicial envía un mensaje claro contra la impunidad.
“La corrupción no va a ser tolerada y poco importa la posición que usted ocupe”, manifestó.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 14 de agosto.