SANTO DOMINGO.-República Dominicana reabrirá sus cinco consulados en Haití luego de que el gobierno de ese país se comprometió a incrementar la seguridad para evitar agresiones.
Pastor Vásquez, ministro consejero de la embajada dominicana en Puerto Príncipe, detalló que las cinco oficinas ofrecerán sus servicios en sus horarios habituales a partir del martes.
El embajador Rubén Silié, quien se encontraba en Santo Domingo para consultas, también volverá a Puerto Príncipe. El canciller Andrés Navarro había anunciado el 4 de marzo el cierre temporal de los cinco consulados luego de que tres de ellos fueran blancos de agresiones durante protestas en las que manifestantes haitianos denunciaron supuestas violaciones a los derechos humanos de sus compatriotas en República Dominicana.
Las protestas fueron organizadas por grupos civiles luego de que el cuerpo ahorcado de un inmigrante identificado como Henry Claude-Jean fue hallado colgado de un árbol, con las manos y los pies atados, en un parque de la ciudad dominicana de Santiago.
Mientras el presidente de Haití, Michel Martelly, ha insistido en la necesidad de esclarecer el crimen, organizaciones de su país sostienen que el homicidio es una muestra de xenofobia en República Dominicana. La fiscalía y la policía dominicanas han informado que los sospechosos de la muerte de Claude-Jean son haitianos y están prófugos.
La reapertura de los consulados fue acordada el viernes durante una reunión entre Navarro y su similar haitiano Duly Brutos en el pueblo fronterizo de Jimaní para discutir soluciones a las recientes tensiones bilaterales.
Brutos anunció el viernes que además de incrementar la seguridad en los consulados su gobierno pondrá en marcha una campaña publicitaria a través de radio para evitar las agresiones contra los dominicanos que viven en Haití o cruzan la frontera por negocios.
Las relaciones entre ambos países que comparten la isla La Hispaniola se tensaron desde 2013 cuando el Tribunal Constitucional de República Dominicana ordenó abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de las personas nacidas entre 1929 y 2007 de padres extranjeros sin permiso de residencia, en su gran mayoría de origen haitiano.
