Roberto Álvarez, ministro de Relacones Exteriores.
Santo Domingo.– El Gobierno dominicano pidió este domingo a la comunidad internacional que contribuya a apoyar un “gran diálogo nacional” en Haití, lo que considera como la mejor vía para solucionar la crisis en el país vecino desatada por el asesinato del presidente Jovenel Moise.
La Cancillería dominicana afirmó en un comunicado que “solo será posible” celebrar un proceso electoral justo, libre, transparente y competitivo en Haití “a partir de un diálogo político amplio, inclusivo, sostenido y de buena fe”, que permita restaurar “la legitimidad democrática y la institucionalidad».
Asimismo, subrayó la importancia de que se implique en este diálogo el liderazgo político, social y empresarial haitiano para aportar una solución a la crisis política. “Simpatizamos con las voces que desde Haití llaman a un gran diálogo nacional que brinde respuesta a esta profunda crisis política y espiral de violencia por la que atraviesa” ese país, afirmó el comunicado.
El Gobierno dominicano también recalcó que “no hay solución dominicana a la situación haitiana” y reafirmó el apego del país al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Este sábado los representantes en Haití de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y un grupo de seis embajadores de potencias extranjeras expresaron su apoyo al primer ministro designado, Ariel Henry, en detrimento del actual jefe de Gobierno, Claude Joseph.
Además de Henry y Joseph, quien está al frente del país desde el asesinato de Moise, el pasado 7 de julio, también aspira a dirigir Haití el presidente del Senado, Joseph Lambert.
A estas tres opciones, se les suma una cuarta vía, consensuada este sábado en una reunión en la que participaron numerosos grupos de la sociedad civil, de asociaciones profesionales, religiosas, así como representantes de partidos de la oposición.
En esa reunión, la llamada “comisión de la sociedad civil haitiana por la búsqueda de una solución haitiana a la crisis» acordó defender la actual Constitución, de 1987, y elegir un jefe de Estado provisional que dirija el país en un período de transición de entre 18 y 24 meses.
