Periodista Luis García
Una mirada del aporte de la agropecuaria al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana resulta tan innegable y significativo, que la sanidad de la economía no se contemplaría sin el mismo para los próximos años.
Veamos algunas cifras generales de la agropecuaria antes de que surgiera la pandemia del Covid-19: el aporte PIB era de 5.4 %, generaba un 13 % de los empleos, contribuía con el 80 % de los alimentos del consumo local y representaba el 25 % del total de las exportaciones. Realmente, se trata de números impresionantes para un país de economía media.
Un motor tan importante para nuestra economía no debería ser apagado bajo ninguna circunstancia, debido al rol preponderante que le tocará jugar una vez se supere la pandemia.
Sin embargo, una seria amenaza se cierne a corto y mediano plazo, ante lo que aparenta un esquema de improvisación en la burocracia estatal, especialmente en el Ministerio de Agricultura.
Hechos concretos ocurridos durante el tiempo que lleva la administración que encabeza el presidente Luis Abinader hacen pensar seriamente en la posibilidad anterior.
Solo para citar algunos casos que sugieren la falta de planificación gubernamental, destacan los aumentos iniciales en los precios de diferentes productos de origen agropecuario, situación que luego quedó resuelta; y las pérdidas millonarias de productores de leche, tomates, habichuelas y zanahorias provocadas por importaciones, falta de planificación o exceso de producción.
Y un hecho sumamente preocupante radica en la reaparición de la fiebre porcina africana, por primera vez en las últimas cuatro décadas, y que va a implicar pérdidas millonarias en el referido renglón de la economía.
Autoridades de la Dirección General de Ganadería intentaron silenciar el grave hecho, hasta que estudios procedentes de Estados Unidos lo confirmaron luego de las muertes masivas de cerdos en comunidades ubicadas en la frontera con la República de Haití.
Indudablemente de que se trató de un descuido oficial, porque existe una normativa que prohíbe la instalación de granjas de cerdos a una distancia menor de 20 kilómetros de la franja divisoria con la vecina nación.
El presidente Abinader, ahora que cumplirá su primer año al frente del Estado, no haría mal en echar una mirada a la burocracia en el sector agropecuario, con énfasis en el Ministerio de Agricultura. Su titular, Límbert Cruz, es un productor, no un técnico; el puesto que ostenta solo se justifica en la estrecha amistad que conserva con el expresidente Hipólito Mejía.
Los intereses nacionales deben estar siempre por encima de los particulares. Una simple amistad o un beneficio político coyuntural no pueden prevalecer ante el imperativo de garantizar la seguridad alimentaria de la República Dominicana.
Hay que tener pendiente que el sector agropecuario tiene por delante serios desafíos para mantener su competitividad, particularmente frente a la apertura de los mercados, al cambio climático y los procesos de éxodo rural y la urbanización en terrenos productivos diseminados en diversas comunidades del territorio nacional.
Además, los servicios básicos habrán de mejorarse en el campo para garantizar que la gente no emigre a las ciudades. En los años 60, la población rural ascendía a un 70%, mientras que en la actualidad ha descendido a apenas el 20%.
Otras tareas pendientes consisten en un incremento significativo en la inversión en infraestructuras, nuevas regulaciones y una mayor capacidad institucional que permitan asignar eficientemente el uso del agua, aplicar seguros contra eventos climáticos adversos e implementar innovaciones en el ciclo productivo.
Reflexionemos a fin de evitar que la improvisación agropecuaria provoque que la República Dominicana tenga que pagar un alto precio.
