El alto nivel de popularidad local del presidente Danilo Medina se ha emparejado, a nivel internacional, con la gran aceptación que ha tenido la ley 169/14 después de las negativas repercusiones de la sentencia 168/13 de septiembre del año pasado.
Pese a ofrecer una solución parcial al problema de la desnacionalización y la apatridia creado por el Tribunal Constitucional (TC), organismos multilaterales y altos funcionarios internacionales han reconocido en visitas al país el empeño y el liderazgo del mandatario dominicano.
Eso sucede por la convicción de que no se trata de una preocupación auténticamente legal, considerando las convenciones internacionales firmadas por la República Dominicana y la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de 2005, sino, la inicua decisión del TC tiene motivaciones políticas de índole diversa.
En ese sentido, hay una clara conciencia de que la actual administración quiere tomar su distancia del “anti haitianismo de Estado”, una corriente ideológico-politica contraria a la cooperación y buena vecindad entre los dos países, la cual, por desgracia, se ha recrudecido desde los años ’90 con la marcada incidencia hasta hoy de antiguos funcionarios trujillistas en el tren gubernamental.
Ese maridaje oficial ha provocado enormes daños a las relaciones dominico-haitianas en provecho de alianzas electorales que matemáticamente son un fracaso.
De manera particular ha minado la confianza del lado haitiano estimulando ocasionalmente conductas ciertamente cuestionables de parte de algunos dirigentes, esencialmente, por la dualidad del manejo de las relaciones bilaterales desde Santo Domingo.
Oportuna y valiente, como lo definiera uno de los líderes empresariales más destacados del país, presente a la última reunión del dialogo bilateral de Juan Dolio, la exhortación del ministro de la Presidencia dominicana, de inspirarse en Juan Bosch para el tema haitiano y en Nelson Mandela respecto a las relaciones con los demás.
Sobre esta base, el alto cargo (Gustavo Montalvo) parecía elaborar lo que definió como una nueva visión que dé inicio a nueva era de las relaciones bilaterales.
Evidentemente, no es la primera vez que los dirigentes de ambos países se felicitan, por lo menos, de tener un discurso apropiado. Pecan de exageración al decir que han hecho en siete meses mayores progresos que en los últimos 50 anos. No obstante, y esto hay que acreditarlo a la parte dominicana, han hecho lo que nunca se había hecho en ese lapso de tiempo: identificar a «las viejas elites» como barreras a la convivencia mutuamente respetuosa y solidaria entre los dos pueblos.
Sin embargo, a raíz de la publicación del reglamento de la Ley 169/14, el incumplido anuncio del retiro de un aliado político portabandera del anti haitianismo en el gobierno dominicano ha provocado reacciones muy confusas.
Se habla de gestiones extrañas que buscaban complacer, en el marco de un dialogo al más alto nivel, a los descontentos nacionalistas que consideran a los redactores y el digno rubricante de la pieza legal como traidores a la patria o cobardes.
Unos días, antes en Punta Cana, en ocasión del encuentro tri-lateral, UE, RD-Haití, el mandatario dominicano hacia una observación que quedará para la historia. Planteó a su homólogo que era tiempo de “mirarnos a los ojos”.
La mirada sincera que debe dar lugar a una gestión pulcra de las relaciones entre nuestros dos países debe apuntar, en ambos lados, a sanear el ambiente general de gerencia gubernamental en relación a la otra parte, particularmente las áreas administrativas y políticas de vínculos directos.
Lo dicho arriba era una constatación en agosto de 2012 y hoy una realidad entorpecedora por ser incompatible con el compromiso dominicano de iniciar una nueva era a partir de una nueva visión y con una nueva mirada bilateral, favorablemente recibido por la contraparte haitiana.
