Por: Pavel De Camps Vargas

En un movimiento que ha encendido alarmas en el escenario internacional, República Dominicana se encuentra al borde de un conflicto diplomático con Estados Unidos debido a un ambicioso y polémico Proyecto de Ley Orgánica sobre Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales.

Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo dominicano, que hasta el presidente indicó que “no puso ni una coma”, no solo pretende regular el ecosistema digital del país, sino que desafía principios fundamentales de la libertad de expresión y la autonomía tecnológica, colocando al país en la mira de Washington y amenazando con consecuencias devastadoras para sus funcionarios, su economía y su reputación democrática.

¿Está la nación caribeña a punto de cruzar una «línea roja» que podría redefinir su futuro en el mundo digital y diplomático?

Un proyecto de ley que sacude el ecosistema digital

En el núcleo de esta controversia se encuentran los artículos 19 al 24 del proyecto, que buscan imponer un control sin precedentes sobre gigantes tecnológicos como Meta, Google, YouTube, TikTok y X. Estas plataformas, pilares de la comunicación global y el comercio digital, enfrentan regulaciones que expertos internacionales han calificado como una «intromisión sin precedentes en la soberanía tecnológica» y una «arquitectura legal para la intimidación y el control». Las disposiciones clave incluyen:

• Neutralidad y transparencia algorítmica (arts. 19, 21): la ley exige que las plataformas garanticen neutralidad en sus algoritmos y revelen cómo priorizan contenidos, una medida que choca con los secretos industriales de estas empresas. Obligar a revelar el núcleo tecnológico de las plataformas no solo amenaza su competitividad, sino que viola su propiedad intelectual , según analistas. Este intento de controlar «cómo piensan los algoritmos» es visto como un ataque directo al corazón operativo de las tecnológicas globales y de imponer criterios ideológicos.
• Moderación de contenidos (arts. 20, 24): las plataformas deberán justificar en español cada eliminación, sanción o desmonetización de contenidos, permitiendo a los usuarios defenderse activamente. Esta exigencia es logísticamente inviable, dado el volumen de decisiones automatizadas diarias, y podría generar costos insostenibles para las empresas. Además, presumir que todo contenido es lícito salvo orden judicial limita la capacidad de las plataformas para moderar según sus propias políticas, como en casos de desinformación o discurso de odio, rompiendo con el principio de autonomía contractual.
• Representación legal obligatoria (art. 22): cualquier plataforma con más del 10 % de usuarios dominicanos debe establecer un representante legal en el país. Esta medida, comparada con tácticas de regímenes autoritarios como los de Rusia o Turquía, podría llevar a bloqueos o retiros temporales de plataformas, alterando el ecosistema digital dominicano y aislando al país de la economía digital global.
• Derecho al olvido (art. 23): aunque busca proteger la reputación, su redacción ambigua permite eliminar contenido que afecta la «dignidad», lo que podría ser explotado por figuras públicas para borrar información veraz pero incómoda. Esto amenaza el archivo periodístico digital y el derecho ciudadano a estar informado, socavando la transparencia y la memoria histórica.

El proyecto crea el Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), un organismo estatal con poderes extraordinarios para supervisar, sancionar y hasta ordenar la eliminación de contenidos en plataformas digitales. Esta entidad podría convertirse en el epicentro de un conflicto diplomático, ya que sus decisiones podrían ser interpretadas como censura por Estados Unidos, especialmente contenidos protegidos bajo la legislación estadounidense.

La respuesta firme de Estados Unidos: visas en juego

Estados Unidos, bajo el liderazgo del jefe de la diplomacia Marco Rubio, ha adoptado una postura implacable contra lo que considera «acciones flagrantes de censura» en el extranjero, especialmente cuando afecta a plataformas tecnológicas estadounidenses.

Rubio ha sido claro: los funcionarios extranjeros que participen en medidas que restrinjan el discurso protegido o interfieran con empresas estadounidenses se enfrentarán a la denegación de visas.

Esta política, respaldada por la Orden Ejecutiva 14149 de Donald Trump, prohíbe a las agencias federales colaborar en esfuerzos de silenciamiento en línea y refuerza la visión de internet como la «plaza pública moderna» .

El caso dominicano no es un incidente aislado. Estados Unidos ya ha criticado a aliados como Alemania y el Reino Unido por políticas restrictivas sobre discurso de odio, e incluso ha considerado sanciones contra un juez brasileño por bloquear temporalmente la red social X.

Si el INACOM impone sanciones que afectan contenidos protegidos en EE.UU., los funcionarios dominicanos responsables podrían perder el privilegio de ingresar a territorio estadounidense, una medida que enviaría un mensaje contundente y podría escalar las tensiones bilaterales.

Un camino hacia la crisis diplomática

El establecimiento del INACOM como un organismo con autoridad para sancionar a plataformas digitales representa un punto de inflexión. Si este ente ordena la eliminación de contenidos que Washington considera protegidos, la República Dominicana podría convertirse en un nuevo epicentro de conflicto diplomático . Las posibles consecuencias incluyen:

• Sanciones diplomáticas: la denegación de visas a funcionarios dominicanos, desde los miembros del Consejo Directivo del INACOM hasta figuras de los poderes Ejecutivo y Legislativo podría generar una crisis política interna y externa.
• Presiones económicas: Estados Unidos, como principal socio comercial de la República Dominicana, podría imponer restricciones comerciales o limitar las inversiones tecnológicas, afectando el crecimiento económico del país.
• Aislamiento digital: lo peor de todo, es que abre una brecha, dado que las plataformas tecnológicas podrían optar por suspender operaciones en el país, como ha ocurrido en mercados con regulaciones similares, dejando a la población dominicana desconectada de servicios esenciales para la comunicación, el comercio y la educación. Con esto le enviará una señal a otros países latinoamericanos que no intenten hacer lo mismo.

En un mundo donde el algoritmo es poder y la narrativa es libertad, esta ley no es solo un asunto doméstico, es una provocación internacional. República Dominicana corre el riesgo de ser percibida como un referente de censura revestida de legalidad, un precedente que podría dañar su imagen democrática y alienar a sus aliados estratégicos.

Un futuro incierto: ¿regular o arriesgarlo todo?

La regulación de las plataformas digitales es un debate legítimo y necesario en la era digital, pero el enfoque dominicano, con su ambición de controlar desde los algoritmos hasta el contenido mismo, pisa la línea roja de Washington. Las voces críticas advierten que, de avanzar sin modificaciones, esta ley podría:

• Socavar la libertad digital: al imponer controles estatales sobre la moderación de contenidos, el país arriesga limitar el acceso a la información y coartar la libre expresión.
• Frenar la innovación: las restricciones a las tecnológicas podrían desincentivar la inversión extranjera y ralentizar el desarrollo del ecosistema digital dominicano.
• Provocar un precedente global: la República Dominicana podría convertirse en un caso de estudio sobre los peligros de regular sin considerar las implicaciones internacionales.

¿Qué camino elegirá República Dominicana? ¿Persistirá en un proyecto que desafía los principios de libertad digital defendidos por uno de sus principales aliados, o buscará un equilibrio que respete tanto la regulación responsable como los derechos fundamentales?

La decisión que tomarán el Congreso y el Poder Ejecutivo en los próximos días no solo definirá el futuro digital del país, sino también su posición en el escenario global y su propio futuro.

¿Se convertirá la nación caribeña en un símbolo de autoritarismo, silenciador de voces independientes, resistencia regulatoria o en una paria diplomática? El mundo observa, y el reloj sigue corriendo.