Santo Domingo.- El presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, definió el fallo TC-0075-16 como una sentencia de principio que preludia el camino de protección que el TC ha escogido para seguir asegurando una prensa libre y responsable.
La sentencia TC-0075-16 del cuatro de abril del presente año libera de culpabilidad a los directores de medios de comunicación ante un delito de un periodista u otro empleado a su cargo.
Hablando en al panel “Libertad de expresión ante el Tribunal Constitucional; alcances de la sentencia 0075-16”, auspiciado por la Universidad Católica Santo Domingo y la Fundación Prensa y Derecho que preside Namphy Rodríguez, Ray Guevara explicó que los accionantes impugnaban varias disposiciones de la Ley num.. 6132 sobre expresión y difusión del pensamiento, así como del Código Penal, en su condición de profesionales de la comunicación, por lo que el TC ponderó únicamente las pretensiones de inconstitucionalidad que estaban relacionadas con dicha Ley.
Artículos contradictorios
“El TC determinó que los artículos 46, 47, y 48 de la Ley n.º 6132 eran contradictorios a la Constitución al imputar a los directores de medios de comunicación un nivel de responsabilidad penal por los delitos realizados por editores o sustitutos, impresores o autores subalternos en general, sin que se exija de estos un grado de culpabilidad en el hecho de la difamación o injuria proferida”, explicó.
Señaló que las disposiciones de los artículos 30, 31, y 34 de dicha Ley fueron declaradas inconstitucionales porque disponían sanciones de carácter penal sobre cualquier acto difamatorio o injurioso contra cualquier funcionario público en el ejercicio de sus funciones, por considerar que constituía una limitación legal que afecta el núcleo esencial de la libertad de expresión y opinión por medio de la prensa.
“Al mismo tiempo, el TC precisó que la despenalización que deriva de la declaratoria de inconstitucionalidad no es extensible a los actos difamatorios e injuriosos que consideran a la vida privada de estos funcionarios públicos, por lo que dicha conducta ha de ser sancionada con apego a la ley”, apuntó.
En el encuentro también participaron el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, Jesús Castro Marte; la Sociedad Dominicana de Diarios, representada por Rafael Molina Morillo y Miguel Franjul, así como el presidente del grupo de Comunicaciones Corripio, José Luis Corripio Estrada, el presidente de la fundación Prensa y Derecho, Namphy Rodríguez, y el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas, Olivo de León, y académicos de la casa de estudios, entre otros asistentes a la actividad.
Lucha por libre expresión
Miguel Franjul expresó que desde la Sociedad de Diarios se han sumado a todas las luchas en América Latina que buscan discriminalizar los llamados delitos de prensa. Dijo que es un privilegio para el país entrar en el grupo de países que gracias a esas luchas los ciudadanos pueden ejercer la libertad de expresión.
Mientras que Namphy Rodríguez indicó que con la sentencia 0075 el TC ha ido evolucionando el concepto en la legislación dominicana del interés jurídicamente protegido por un concepto de legitimación social, que permite a entidades de la sociedad civil y a personas ejercer actos de impugnaciones contra leyes que contravienen la Constitución de la República.
