Se habla de la necesidad de una reforma fiscal. La pandemia y el desequilibrio presupuestario así lo dictan.
Si fuera cierto lo que se dice, no se trataría de un pacto fiscal, que debió producirse en 2015, como manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sería una reforma para incrementar impuestos.

Si está convocado el Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral y promotor de la concertación social e instrumento para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento de la paz social (artículo 251 de la Constitución), es ahí donde deben discutirse tanto la reforma fiscal como las demás, impulsadas incluso por el gobierno.

Nadie quiere pagar impuestos. Pero, estamos organizados para convivir en un clima de libertad e igualdad. Esto solo es posible contribuyendo todos, progresiva, no regresivamente, con las cargas sociales, garantizando el gobierno su correcta distribución.

Los impuestos son imprescindibles. No bastan las mayorías congresuales. La Constitución y la ley han establecido espacios de concertación, sin lo cual no habrá paz social. Las experiencias traumáticas están frescas.
Según los artículos 34-36 de la Ley 1-12 deben producirse tres pactos nacionales -reforma educativa (ya producida), eléctrica (debió producirse en 2013) y fiscal (debió realizarse en 2015).

Según dicha ley, la reforma fiscal debe implicar: 1) reducir la evasión fiscal; 2) elevar la calidad, eficiencia y transparencia del gasto público; 3) elevar la eficiencia, tranparencia y equidad de la estructura tributaria; 4) consolidar en el Código Tributario los regímenes de incentivos; 5) racionalizar los esquemas tarifarios en la provisión de servicios públicos; 6) elevar la presión tributaria, para viabilizar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible formulados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; 7) cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos comerciales que tienen implicaciones fiscales; 8) elevar el ahorro corriente e implementar políticas contracíclicas.
Esto implica un serio ejercicio integral, técnico, político y social.

Este gobierno ha proclamado ser respetuoso de la ley, dando demostraciones de ello. La oportunidad para lograr la concertación, a través del espacio institucional establecido en la Constitución y en el artículo 33 de dicha ley, para producir, tanto la reforma fiscal como las demás pendientes, está dado. Solo ello garantiza la paz social.