El famoso axioma de que la costumbre hace derecho está en crisis. Por un lado, la codificación y constitucionalización del derecho han creado un sistema de fuentes en el que prima lo escrito.
El propio proceso de constitucionalización ha impulsado que la interpretación y aplicación de la ley escrita estén sujetas a principios generales. Es decir, que lo escrito y lo no escrito converjan para conformar el Estado de derecho.
De ahí que algunas de las instituciones jurídicas más importantes no tengan un desarrollo legislativo amplio, sino que se encuentren como reglas de aplicación general en la Constitución o la ley.
Esto posibilita que los órganos encargados de aplicar la norma puedan hacerlo de manera efectiva, incluso si la ley no prevé el conflicto específico que deben solucionar.
El sistema permite armonizar la seguridad jurídica con la flexibilidad necesaria para su efectividad. Así se conjuran los problemas causados por el hecho de que la realidad es más creativa que el legislador.
Uno de los problemas que encuentran solución por esta vía es la infinita capacidad de la Administración Pública para dificultar, retrasar e incluso hacer imposible las actividades de los administrados.
La práctica siempre había sido (y hasta cierto punto sigue siéndolo) que los errores de la Administración los pagara el administrado, obligándolo a velar no solo por sus propios actos, sino también por algo que no controla: el proceder de la Administración.
Este nudo gordiano ha sido cortado por los artículos 138 y siguientes de la Constitución, así como por la Ley 107-13, sobre derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, dando pie a que el Tribunal Constitucional desarrolle el “derecho a la buena administración”, sobre todo a partir de la sentencia TC/0322/14, del 22 de diciembre de 2014.
Las implicaciones de esta línea jurisprudencial son múltiples y variadas, y no es posible abordarlas en este espacio. Sin embargo, son de notar tres cosas.
Primero, que los errores de la Administración ya no tienen que ser pagados por los administrados.
Segundo, la Administración no ha cambiado su forma de hacer las cosas tan completamente como debiera. Y por último, los ciudadanos tienen los mecanismos para exigirle a la Administración que se ajuste al derecho.
