¿Quién paga?

El ejercicio de la política es una gestión del poder basado en la justicia y la equidad. Demanda inteligencia y una vocación de servicio a la comunidad. Nunca estamos en un estadio pleno de justicia, ni existe tal meta, por tanto en todo momento debemos pensar cómo mejorar lo existente.

“El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos” (FT p. 4). Esta perspectiva ha de ser asumida por las nuevas autoridades del Gobierno, el Congreso y los Municipios. ¡Si de verdad se creen ellos mismos el lema del cambio!

La propuesta del presupuesto para el año 2021 amenaza con nuevos impuestos. Esto ha levantado el enojo de gran parte de la población. Algunas minúsculas logias trujillistas intentaron -y lo seguirán haciendo- aprovechar ese disgusto para provocar protestas. El fracaso de las convocatorias de esos nefastos sectores, al igual que los pírricos votos depositados en las urnas por ellos, que no representan ni un 1% de nuestra población, muestra la madurez política de nuestra sociedad. El autoritarismo, el racismo, la misoginia y todas las formas de discriminación que postulan esos grupúsculos están lejos de la conciencia dominicana. Esta sociedad es mucho mejor que lo que esos fundamentalistas pretenden.

Pero el malestar por los impuestos es real. Que no se equivoque el PRM. La pregunta, en términos racionales y éticos, es quién debe pagar el déficit y la deuda que tenemos como sociedad. Recurrir a incrementar la carga impositiva entiendo que es una profunda injusticia si no se realizan al menos dos acciones previamente.

Los primeros que deben pagar por esta deuda social son precisamente los que la provocaron. Hay que establecer claramente quienes robaron fondos públicos y tomaron prestado a nuestro cargo en los últimos 25 años. Necesitamos tener claro los nombres y los montos. Es una tarea documental que esta sociedad necesita para comprender quienes saquearon los bienes comunes. Y saldrán nombres incluso de quienes están convocando protestas o se presentan como honorables ciudadanos y ciudadanas intentando darnos clases de moral.

No basta con saber quiénes se enriquecieron robando nuestro trabajo, es necesario someterlos a la justicia. En este punto muchos sentimos que el proceso va muy lento mientras el incremento de los impuestos va muy rápido. Es tarea de las autoridades del Estado sincronizar ambas acciones si desean ser justos y mantener la gobernabilidad. Saber quiénes nos robaron y recuperar lo saqueado es la primera tarea.

Un segundo paso, que sí está en pleno control de las nuevas autoridades, es asumir un recorte drástico en salarios, viáticos, pagos complementarios y gastos de representación. ¡Incluidas orquídeas y guardaespaldas! Los funcionarios públicos deben asumir una disciplina de austeridad prácticamente espartana. Eso a nivel del Gobierno central y sus dependencias.

A nivel del Congreso deben eliminarse todos los ingresos complementarios (barrilitos, pago por asistir a las sesiones, exoneraciones para vehículos, etc.) e iniciar un serio proceso de revisión de la estructura que podría implicar un modelo unicameral y la reducción de los congresistas a menos de 100. Y desvincular de fondos públicos a todas las ONG que medran del erario para asignar salarios y hacer campaña partidaria.

Los Municipios deben dejar de ser una agencia de nómina para familiares y miembros de sus partidos e invertir sus ingresos en mejoras para el servicio de sus comunidades. Ningún servidor público debe ganar más que el presidente y éste debe tener un salario que responda a una relación proporcional al salario mínimo. Si los nuevos funcionarios electos o designados no ajustan sus salarios y gastos, no tienen moral para pedir más al pueblo.

Entonces, únicamente como tercer paso, revisando lo logrado con los dos anteriores, es que se puede plantear ajustar o incrementar la presión fiscal, pero repartiendo la carga con justicia distributiva, de acuerdo con niveles de ingresos. Sería interesante que actores sociales que están exonerados de impuestos pusieran a disposición del Estado la modificación de ese privilegio. Miremos a lo señalado por Juan XXIII “…todos los hombres y todas las entidades intermedias tienen obligación de aportar su contribución específica a la prosecución del bien común. Esto comporta el que persigan sus propios intereses en armonía con las exigencias de aquél y contribuyan al mismo objeto con las prestaciones -en bienes y servicios- que las legítimas autoridades establecen”. Definitivamente necesitamos una profunda revisión de nuestro modelo impositivo que garantice que todos paguemos de acuerdo a nuestras posibilidades. De esta crisis no salimos si todos asumimos -o son obligados- a una conducta ciudadana íntegra.

En síntesis, antes de plantear nuevos impuestos, se demanda saber quiénes nos robaron y someterlos a la justicia y que los nuevos incumbentes del Estado reduzcan sus gastos e ingresos. No pueden pedirnos a los que nos robaron, que paguemos por ello.