Quién es Elisa Loncón, la profesora mapuche elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile

Quién es Elisa Loncón, la profesora mapuche elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile

Quién es Elisa Loncón, la profesora mapuche elegida presidenta de la Convención Constituyente de Chile

Elisa Loncón será la presidenta de la Convención Constituyente

En una decisión cargada de simbolismo y reflejo del espíritu de la nueva Convención Constituyente inaugurada este domingo en Chile, Elisa Loncón fue elegida presidenta del órgano que debe redactar una nueva Constitución.

Los 155 miembros de la Constituyente eligieron este domingo a Loncón, una mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna, la que debe sustituir a la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

Loncón, una profesora, lingüista y activista mapuche -la etnia indígena mayoritaria en Chile-, fue elegida por mayoría absoluta (96 votos) en segunda vuelta en la sesión inaugural de la Convención, que se detuvo durante casi una hora por la protesta de un grupo de constituyentes tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre policía y manifestantes.

«Agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche, para votar por una persona mapuche, mujer, para cambiar la historia de este país», dijo Loncón este domingo al aceptar el puesto con el puño cerrado por encima de la cabeza.

«Se puede dialogar con nosotros, que no nos tengan miedo, porque también se ha instalado mucho la política del miedo. O sea, se instala una candidata indígena, mapuche y hay mucho prejuicio. Entonces, esto también es un llamado a liberarnos de nuestros prejuicios y relacionarnos en igualdad de condiciones», dijo Loncón en una entrevista reciente con el diario chileno «La Tercera».

Su elección es un cambio dramático para un grupo que no está reconocido en la Constitución vigente.

«Esta convención transformará el país y lo volverá plurinacional e intercultural», agregó.

El acuerdo entre partidos es que la presidencia de la Convención vaya rotando, aunque aún no está definido cuánto duraría cada período al frente de la asamblea.

Elisa Loncón
Elisa Loncón con la bandera mapuche.

La elección de Loncón es también una muestra de la mayoría de progresistas entre los 155 miembros.

Con una derecha debilitada, que solo ostenta 38 de los 155 escaños del órgano, y el auge de los candidatos independientes -en su mayoría progresistas-, la convención tendrá la misión de encarrilar a un país fuertemente afectado por una crisis social e institucional.

Loncon ocupa uno de los 17 escaños reservados para pueblos originarios, siete de los cuales fueron para el pueblo mapuche, dos para el aimara y un representante de cada uno del resto: kawésqar, rapanui, yagán, quechua, atacameño, diaguita, colla y chango.

Nacida en Traiguén en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, bastión mapuche, Loncón vivió su infancia en la comunidad Lefweluan. La constituyente relató recientemente en una entrevista al diario español «El País» que para ir al colegio «debía viajar ocho kilómetros desde su casa de la comunidad mapuche», un recorrido que muchas veces hizo a pie.

Elisa Loncón.

La mayoría de su familia aún vive en dicha comunidad.

Se tituló como profesora de inglés de la Universidad de La Frontera, en La Araucanía, y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto de Estudios Sociales de La Haya y en la Universidad de Regina en Canadá.

También posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Leiden, Países Bajos, y un doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Elección simbólica

Su elección es simbólica debido a que uno de los principales debates para redactar la nueva Carta Magna es el reconocimiento de los pueblos indígenas.

La definición de los derechos para las comunidades originarias y el debate sobre un Estado plurinacional es uno de los temas fundamentales de la Convención.

Mapuches chilenos

Los mapuches tienen reclamos centenarios sobre tierras.

La Convención Constitucional instalada este domingo incorpora a 17 representantes indígenas pertenecientes a los diez pueblos originarios chilenos reconocidos por el Estado, entre ellos, los mapuches, aimaras, quechuas y diaguitas.

Entre las demandas de estas comunidades está la de crear un Estado plurinacional, con el que se acepte su autonomía y sus derechos. Además, plantean la necesidad de contar con garantías en términos territoriales y el reconocimiento de su cultura y su lengua, entre otras cosas.

«Este es un tema grande, que va a costar, donde habrá que hacer mucha reparación histórica. Y obviamente es complicado, porque toca derechos de propiedad. Pero es fundamental. Los modelos de Nueva Zelanda y Canadá son los más interesantes», propuso hace unas semanas en conversación con BBC Mundo Juan Pablo Luna, doctor en Ciencia Política y profesor en la Universidad Católica de Chile.

Chile y Uruguay son de los pocos países de América Latina que carecen de un reconocimiento explícito de los pueblos indígenas en su Carta Fundamental.

En la otra vereda están Bolivia y Ecuador, dos naciones que no sólo reconocen a estos pueblos, sino que han optado por consagrar el carácter plurinacional del Estado en sus Constituciones.

Gráfico de la conformación política de la Convención Constituyente

Luna dice que el resultado sobre la inclusión de derechos garantizados y reconocidos en la Constitución para las comunidades indígenas no representa sólo un fuerte efecto simbólico.

«Hay varios países de América Latina que incorporaron esos derechos y que hoy se hacen justiciables como ocurre en Brasil o Colombia, donde la salud se empieza a litigar en cortes a partir de su reconocimiento como un derecho constitucional», recuerda.

A partir de este domingo, el órgano trabajará durante un máximo de un año para redactar una propuesta de Constitución que deberá someterse en 2022 a otro plebiscito, con voto obligatorio, para su aprobación o rechazo por los chilenos.

Heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la actual ley fundamental es repudiada por muchos sectores del país por su corte neoliberal y por haber privatizado servicios básicos como el agua, la educación o las pensiones.



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