Era considerado uno de los funcionarios «más leales» del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, clave en su llamada «guerra contra las pandillas».
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, murió este domingo en un accidente de helicóptero, según informaron la madrugada de este lunes las autoridades salvadoreñas.
Arriaza Chicas se encontraba en la aeronave escoltando hacia la capital, San Salvador, al sospechoso de un fraude multimillonario cuando poco después del despegue se estrelló en una región oriental del país, cerca de la frontera con Honduras.
La misma fuente precisó que las nueve personas que se encontraban a bordo murieron.
El sospechoso, Manuel Coto, exgerente general de Cooperativa Santa Victoria de R.L. (Cosavi), una entidad de ahorro salvadoreña, había sido acusado de estar involucrado en la malversación de US$35 millones.
El propio presidente Bukele describió a Arriaza como «una pieza fundamental para traer paz y seguridad» al pueblo salvadoreño, además de un hombre «leal e incorruptible».
«No fue cualquier director de los que ha tenido la policía; fue el director de la Policía del Plan Control Territorial, del Régimen de Excepción, y de la Guerra Contra las Pandillas», escribió en la red social X.
Asimismo, aseguró que su muerte no puede quedar como «un simple ‘accidente'» y pidió que se inicie una investigación «a fondo».
El mandatario ha ordenado que todas las banderas nacionales en El Salvador y sus embajadas en el extranjero ondeen a media asta por tres días en honor a Arriaza.
Uno de los funcionarios «más leales» de Bukele
El 1 de junio de 2019, a pocas horas de ser investido presidente de El Salvador, Bukele nombró a Arriaza Chicas jefe de policía.
Y desde el primer momento, nada más lanzarse el llamado Plan Control Territorial, se convirtió en un personaje clave en la ofensiva del presidente contra las pandillas.
Pero para entonces este hombre nacido en 1964 en Chalchuapa, un municipio del occidente del país, era ya un veterano en el cuerpo.
Se graduó en la Escuela Militar Gerardo Barrios de El Salvador, y se formó también en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en 1986 y en la Escuela de Carabineros de Chile en 1989.
Miembro de las Fuerzas Armadas, en 1993 y como parte de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en el país, fue transferido a la recién creada PNC.
Ya en la policía, Arriaza Chicas fue subdirector de Áreas Especiales, jefe de la División de Finanzas y subjefe de la División de Investigación Criminal, y en 1995 se licenció en Ciencias Jurídicas por la Universidad de las Américas de El Salvador.
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Al año de asumir las riendas de la PNC, Bukele otorgó un segundo cargo a Arriaza Chicas, nombrándolo el 15 de octubre de 2020 viceministro de Seguridad Pública.
La decisión generó polémica, lo que llevó al Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) a presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental por «desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público incompatibles entre sí».
Asimismo, en noviembre Arriaza se enfrentó a cargos de desobediencia y fraude después de rechazar una orden del Congreso de llevar al ministro de Salud, Francisco Alabí, y al ministro de Finanzas, Alejandro Zelaya, a responder preguntas sobre los gastos durante la pandemia.
Era visto como uno de los funcionarios más leales al presidente Bukele y por eso recibió críticas tanto en El Salvador como en el extranjero.
«Un jefe de policía que supuestamente protege a ministros del gabinete bajo investigación criminal subraya cómo los altos funcionarios de la fuerza todavía actúan de maneras que obstruyen la Justicia y garantizan la impunidad», afirmó la publicación InsightCrime en un artículo de diciembre de 2020.
Ese mismo mes Arriaza Chicas renunció a su cargo de viceministro.
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Su último operativo, una recaptura confusa
El último operativo que encabezó Arriaza Chicas fue el relacionado con la detención de Manuel Coto Barrientos, exgerente general de la Cooperativa Santa Victoria S.L. (Cosavi), quien falleció junto a él y otras siete personas en el accidente de helicóptero.
Acusado de los delitos de defraudación a la economía y lavado de activos en El Salvador, Coto Barrientos fue arrestado la noche del 7 de septiembre en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras y fronterizo con Nicaragua, cuando transitaba junto a un supuesto traficante de personas con destino a Estados Unidos.
Así lo indicó el ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, en un mensaje en la red social X (antes Twitter).
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rebeca Ráquel Obando, confirmó la captura, destacando que se logró gracias a un «trabajo coordinado» entre la Policía Nacional y el Ministerio Público de Honduras.
El presidente Bukele también destacó que la captura fue posible «gracias a los servicios de inteligencia y la colaboración de autoridades de países amigos», y subrayó que con ello se evitó «un largo y complejo proceso de extradición».
Según se informó, Coto Barrientos fue entregado a las autoridades salvadoreñas, entre ellas al jefe de la PNC, Arriaza Chicas, en la noche del domingo en la frontera de El Amatillo, donde subió al helicóptero que horas después se estrellaría dejando nueve víctimas mortales.
No era la primera vez que se anunciaba su captura. Ya en julio el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, informó que había sido arrestado en Panamá.
Según la prensa local salvadoreña, los gobiernos de El Salvador, Honduras o Panamá no han explicado por qué, si el acusado ya había sido detenido, estaba ahora en suelo hondureño.
Coto Barrientos era el «principal implicado» en el desfalco contra los socios de Cosavi, según las autoridades salvadoreñas.
A inicios de mayo de 2024, el fiscal general informó sobre la investigación al personal y directivos de la Cosavi, tras detectarse que «altos ejecutivos de esta entidad desviaron aproximadamente US$35 millones, que fueron sustraídos periódicamente y de manera ilegal del patrimonio de la cooperativa para beneficio propio».
El funcionario afirmó que con esta operación «algunos de los directivos incrementaron sus patrimonios personales» y que «parte de ese dinero fue enviado hacia el extranjero».
En este caso estarían involucradas 32 personas, incluidos ocho directivos, de las cuales 15 fueron detenidas en El Salvador.
Promotor del régimen de excepción
El Salvador, el país más pequeño de América Central, solía tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo fuera de una zona de guerra.
Pero desde la llegada al poder de Bukele tras las elecciones de 2019, su gobierno comenzó una «guerra contra las pandillas» y para sofocarlas declaró el régimen de excepción, un estado que se ha ido prorrogando hasta la fecha y que tuvo en Arriaza Chicas a uno de sus principales defensores.
Como consecuencia de la medida, la violencia ha disminuido drásticamente, así como el número de homicidios.
Aunque la campaña contra la violencia también ha dado lugar a una ofensiva contra las libertades civiles, según se ha denunciado desde múltiples organismos, nacionales e internacionales.
Se han reportado casos de personas sin vínculos evidentes con las llamadas maras que se han visto atrapadas en los diferentes operativos y han terminado en prisión.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch afirmó en un informe de 2022 que Bukele es «responsable de violaciones generalizadas de los derechos humanos durante el estado de excepción».
