El asesinato el martes, en una playa ubicada en el norte de Colombia, de Marcelo Pecci, fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, ha conmociado a la sociedad de ambos países.
La muerte del funcionario judicial a manos de sicarios fue confirmada por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien condenó el crimen en un mensaje en su cuenta de Twitter.
«El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado», escribió.
El atentado contra Pecci ocurrió en la isla de Barú, ubicada a unos 40 minutos en lancha de la ciudad de Cartagena de Indias. De acuerdo a la versión de medios locales colombianos, dos hombres que llegaron por mar hasta la playa, se acercaron al fiscal, que se encontraba descansando junto a su esposa, y le propinaron dos disparos que le causaron la muerte.
Pecci, de 45 años de edad, era fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Había contraído matrimonio el pasado 30 de abril con la periodista paraguaya Claudia Aguilera y ahora se encontraban de luna de miel en la costa caribeña colombiana.
Aguilera relató que hacia las 10:30 de la mañana del martes un hombre se bajó de la embarcación y le dio dos disparos a su esposo, «uno en la cabeza y otro en la espalda».
«Fuimos auxiliados por otras personas que estaban en la playa, pero él estaba muerto», le dijo al diario colombiano El Tiempo.
Pocas horas antes del ataque, Aguilera había anunciado a través de sus redes sociales que ambos estaban esperando su primer hijo.
Agregó que ellos se sentían tranquilos en su viaje, que no tenían escoltas. «No teníamos amenazas», señaló.
El fiscal especializado en Crimen Organizado
La prensa local también informó que el funcionario formaba parte de un operativo llamado «Ultranza», dirigido en contra del narcotráfico y el lavado de dinero, y estuvo involucrado en la investigación sobre un atentando ocurrido en enero durante un concierto en Paraguay.
También participó en el pasado reciente en la investigación sobre el asesinato de la hija de un gobernador regional, así como en el caso del exfutbolista brasileño Ronaldinho, cuando este fue detenido al tratar de entrar a Paraguay con un pasaporte adulterado en 2020.
Fuentes de la embajada de Paraguay en Colombia dijeron a la Agencia EFE que fueron informadas sobre el suceso que aún se encuentra bajo investigación y que permanecen en contacto con la Policía Nacional de Colombia, que adelanta las pesquisas.
El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, indicó a la prensa que las autoridades ya están adelantando las gestiones urgentes y de carácter reservado que, según afirmó, «ayudarán a identificar a los responsables de ese lamentable hecho».
La Policía de Paraguay también envió una delegación a Colombia que se sumará a la investigación.
Mario Abdo Benítez informó que se había comunicado con su homólogo de Colombia, Iván Duque, así como con el gobierno de Estados Unidos, y que estos ofrecieron dar su apoyo para investigar lo ocurrido.
Por su parte, la fiscal Belinda Bobadilla, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, lamentó lo ocurrido con su colega en Colombia y aprovechó para criticar la falta de presupuesto en seguridad de los funcionarios judiciales en su país.
«No podemos creer, la pesadilla que siempre teníamos presente de que algún día pudiera llegar a darse eso estamos viendo en forma palpable que finalmente se dio», expresó a la emisora local Universo 970AM.
De acuerdo a Bobadilla, muchos jueces y fiscales no cuentan con los recursos para la protección integral de ellos y sus familiares: «Incluso no tienen ni para un chaleco antibalas», señaló.
