Los bolivianos celebran como un triunfo lo que los chilenos lamentan como una derrota, pero lo cierto es que la decisión que emitió este jueves la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya, no resuelve la disputa centenaria entre ambas naciones.
Por 14 votos contra 2, el tribunal se consideró competente para juzgar el reclamo boliviano para que Chile negocie cederles acceso al mar.
De esta forma, rechazó la objeción que había presentado el país sudamericano sobre la competencia de la Corte en este caso.
Pero como se apresuraron en recalcar las autoridades chilenas, la decisión no significa que los jueces estén de acuerdo con el reclamo boliviano.
«Este pronunciamiento de la Corte no afecta en nada nuestra integridad territorial, y en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada», aseguró esta mañana la presidenta chilena, Michelle Bachelet.
Pero el mandatario boliviano, Evo Morales, celebró el anuncio.
«Este es un día histórico y será inolvidable para los bolivianos porque la decisión de la Corte es un paso importante en esta demanda para volver al océano Pacífico», afirmó.
Ahora viene una batalla legal que, según algunos expertos, podría durar entre dos y cuatro años más.
Qué está en disputa
El gobierno de Evo Morales, que presentó la demanda ante la CIJ en 2013, quiere que el Tribunal de La Haya obligue a Chile a negociar «un acceso plenamente soberano al océano Pacífico».
Bolivia sostiene que su vecino invadió su franja costera en 1879 y se quedó con 400 kilómetros de su costa y unos 120.000 kilómetros cuadrados de su territorio durante la llamada Guerra del Pacífico (1879-1883).
Asegura que desde entonces, diversos gobiernos chilenos –en particular el del expresidente Salvador Allende (1970-1973)– se comprometieron a volver a darle a Bolivia una salida soberana al mar, una promesa que incumplieron.
Chile asegura que las diversas negociaciones que ocurrieron a lo largo de la historia no comprometen a su país a entregar territorio a su vecino.
Agrega que toda diferencia entre ambos países fue resuelta en el Tratado de Paz de 1904, que debe ser respetado.
Y que en todos estos años Bolivia ha tenido acceso libre al mar para exportar sus productos gracias a las concesiones portuarias hechas por Chile en Arica y Antofagasta, a un costo de más de US$100 para los bolivianos.
Sobre estas diferencias es que deberá terciar la CIJ, ahora que confirmó su competencia.
El presidente de la Corte, Ronny Abraham, leyó una declaración este jueves en la que estableció que el objeto del diferendo es saber si Chile está obligado a negociar en buena fe el acceso de Bolivia al Pacífico, y en tal caso, si Chile ha incumplido o no hasta ahora esa obligación.
«La Corte considera que el caso en disputa no ha sido resuelto (…) ni tampoco está bajo la jurisdicción de acuerdos o tratados en vigor», detalló.
De esta forma, dejó en claro que considera que el asunto no está zanjado por el Tratado de Paz de 1904, como sostiene Santiago.
«Las disposiciones relevantes del Tratado de 1904 no abordan, ni explícita ni implícitamente, la cuestión de si Chile tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico de Bolivia», señaló Abraham.
La declaración de la CIJ significa un espaldarazo a la postura boliviana, que sostiene que su reclamo no toca el Tratado de 1904.
Chile había acusado a Bolivia de buscar renegociar ese acuerdo, algo que está vetado por el Pacto de Bogotá de 1948.
«Si se acogiera la tesis boliviana, no habría ningún tratado seguro», había advertido el expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006), uno de los embajadores de la causa chilena.
Según el analista internacional Gabriel Puricelli, del Laboratorio de Políticas Públicas de Argentina, el anuncio de la CIJ representa una «victoria diplomática» para Bolivia.
«Si viéramos el diferendo como si fuera un partido, sin dudas podríamos decir que desde el punto de vista diplomático la decisión favorece las aspiraciones bolivianas», recalcó a BBC Mundo.
No obstante, Puricelli destacó que más allá de lo político, no es claro el efecto que el anuncio pueda tener desde el aspecto del derecho internacional.
Según Bachelet, la postura de Chile seguirá siendo la misma, más allá de lo anunciado este jueves.
«Mantenemos la convicción que la demanda boliviana carece de toda base pues confunde derechos con aspiraciones y tergiversa completamente lo que ha sido la historia entre Chile y Bolivia», dijo desde el Palacio de la Moneda.
Más allá de La Haya
Puricelli resaltó que el hecho de que dos vecinos sudamericanos estén disputando su diferendo ante una corte internacional muestra la poca coordinación que existe en la región.
«Si la integración sudamericana estuviera tan avanzada como aseguran desde la retórica sus líderes, no se necesitaría La Haya para resolver esta desacuerdo», opinó.
