Jeanine Áñez calificó su aprehensión como un "atropello absoluto", producto de un "amedrentamiento político" del MAS.
Las autoridades bolivianas confirmaron la madrugada de este sábado la detención de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, a quien acusan de «terrorismo, sedición y conspiración» por los hechos de noviembre de 2019 que terminaron con la salida anticipada de Evo Morales de la presidencia del país.
«Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía», anunció el ministro de Gobierno boliviano, Eduardo Del Castillo Del Carpio, en un mensaje en las redes sociales.
Poco después de que se confirmara su detención, Áñez denunció mediante un tuit un acto de «abuso y persecución política» del Movimiento Al Socialismo (MAS), en el gobierno.
«Me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos», agregó.
Y mientras era conducida hacia la Fiscalía de La Paz para dar su declaración informativa calificó su aprehensión como un «atropello absoluto» y reiteró que se trata de un «amedrentamiento político» elaborado por el MAS, el partido político del actual presidente Luis Arce y de Evo Morales.
Se dispuso la medida para Áñez, cinco de sus exministros y cuatro militares por su presunta responsabilidad en el denominado «caso golpe de Estado», de acuerdo a la resolución.
Al menos dos exministros de Áñez también fueron detenidos poco después de conocerse la decisión del fiscal asignado.
Las otrora autoridades y exjerarcas militares son sindicados de la comisión de delitos de «terrorismo, sedición y conspiración» en los hechos de octubre y noviembre de 2019 que provocaron la renuncia de Evo Morales.
Después de la dimisión del líder cocalero, Áñez asumió el gobierno hasta finales de 2020.
Morales y su partido, que retornó al poder con Luis Arce Catacora como nuevo presidente de Bolivia, acusaron a la exmandataria de protagonizar un «golpe de Estado» en 2019.
Por su parte, Áñez denunció en varias oportunidades que los procesos abiertos en su contra son parte de un plan de persecución política del evismo.
La teoría del golpe de Estado, que defiende el oficialismo boliviano, es refutada por sectores de oposición que señalan que en 2019 se produjo un levantamiento social provocado por el presunto fraude electoral con el que Morales pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva.
Los arrestados marcaron una escalada de hostilidades entre el actual ejecutivo de izquierda y la oposición, más conservadora, y provocó una gran polémica en el país.
Detenciones
El viernes, medios estatales bolivianos mostraron un video de uno de los exministros mientras era detenido por la policía.
Álvaro Coimbra, extitular de Justicia, confirmó la existencia de la orden de aprehensión en el momento en el que subía a la camioneta de las fuerzas del orden.
Además, unos minutos antes de su captura, señaló desde su cuenta de Twitter que Rodrigo Guzmán, quien fuera ministro de Energía, también fue detenido.
Coimbra aseguró que el «caso golpe de Estado» fue armado por el gobierno.
Según la prensa boliviana, el viernes por la noche las autoridades además allanaron la vivienda de Añez en la ciudad de Trinidad, ubicada a unos 600 kilómetros de La Paz.
«Nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política, nosotros no amedrentamos a quienes piensan diferente, pues estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país desde la gestión 2020″, explicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
«Este gobierno no está persiguiendo a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país», manifestó.
Tras detención, la exmandataria dirigió cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia en las que pide la presencia de una misión de observación para que «evalúe de manera objetiva» su arresto y el de sus dos exministros.
En las misivas, además, denuncia una «sistemática vulneración de los derechos humanos en Bolivia mediante una persecución política aberrante».
Antecedentes
Evo Morales participó de las elecciones de octubre de 2019 con el objetivo de lograr un cuarto mandato presidencial consecutivo.
Aquella decisión fue cuestionada desde el principio por sus detractores, quienes señalaban que estaba impedido por la Constitución y un referéndum de 2016 en el que la mayoría del electorado se opuso a esa posibilidad.
Pese a ello, el exmandatario logró su objetivo de ser habilitado para aquellos comicios en los que iba como favorito, pero sin una victoria en primera vuelta asegurada.
Después de la votación, en la que Morales se proclamó ganador, una serie de denuncias sobre irregularidades en la jornada electoral desataron protestas que se extendieron durante tres semanas.
El entonces presidente reaccionó pidiendo a sus seguidores que defendieran su victoria electoral en las calles, ocasionando que ambos bandos paralizaran varias de las principales ciudades del país.
La tensión llegó a tal punto que la policía optó por amotinarsey el alto mando de las fuerzas armadas sugirió a Morales dar un paso al costado.
La Central Obrera Boliviana, que aglutina a los sindicatos urbanos del país, también pidió la dimisión presidencial.
El 10 de noviembre, horas después de que se conociera un informe preliminar en el que la OEA consideraba que los resultados de la elección no eran fiables, Morales renunció a su cargo.
Estuvo asilado en México y Argentina antes de volver a Bolivia a finales de 2020, tras la asunción presidencial de su delfín político Luis Arce Catacora.
