Entre el 25 de enero de 1960 y el 25 de septiembre de 1963 la sociedad dominicana vivió hechos de profunda trascendencia en su devenir histórico. En el seno de la misma, el liderazgo de la Iglesia Católica, valga decir sus Obispos y Presbíteros, participó en hechos políticos y sociales relevantes. En rigor, nunca fueron acciones consensuadas, ya que unos y otros tomaron partido por bandos diferentes, no siempre de manera pública. Y lo más curioso de todo es que de un extremo al otro de ese periodo de tiempo, las posturas eclesiales que más recordamos son absolutamente opuestas
El 25 de enero de 1960 el Episcopado Dominicano publicó una Carta Pastoral denunciando los aspectos más negativos de la tiranía trujillista. Que todos los obispos firmaran esa carta no significa que cada uno de ellos estuviera convencido en conciencia de que esa era una postura correcta, en alguno por temor a la represalia que seguro desataría, quizás otro por temor de llevarle la contraria al Nuncio, pero el hecho es que tenemos tres documentos firmados por los 6 obispos en esa fecha, uno era la Carta Pastoral para ser leída en las misas dominicales, la otra una carta a Trujillo “presentándole” la Carta Pastoral y una tercera al clero y religiosos ordenándoles que se mantuvieran “tranquilos”.
Varios sacerdotes, religiosos y muchos laicos, estaban a favor de Trujillo y opuestos a que el Episcopado tomara esa posición. La historia muestra que si ese documento no hubiera sido escrito hoy la sociedad recordaría a la Iglesia Católica como fiel aliado de Trujillo hasta el mismo momento de su eliminación física.
En la Carta Pastoral los Obispos claman por el respeto a los derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida, que en ese momento no era el tema del aborto, sino la tortura y asesinato de muchos dominicanos y dominicanas que se consideraban enemigos del gobierno. Del derecho a la vida los Obispos desprenden el derecho a formar una familia “siguiendo cada cual, en la elección del cónyuge respectivo, los dictados de una sana conciencia, recta y libre”. El derecho a tener un trabajo para sostenerse. El derecho a comerciar, que según los Obispos “debe ser protegido por el Estado con medidas razonables y leyes justas”. El derecho a la emigración, sea por la búsqueda de una mejor vida o la “tranquilidad que le niega su propio país”.
Los obispos enfatizan “el derecho a la buena fama” violentado usualmente por “bajos y rastreros motivos”. Además señalan que “todo hombre tiene derecho a la libertad de conciencia, de prensa, de libre asociación, etc. etc.” Para el liderazgo de la Iglesia dominicana “reconocer estos derechos naturales, tutelarlos y conducirlos a su plena perfección material y espiritual, es misión sublime de la autoridad civil y de la autoridad eclesiástica, trabajando cada cual desde su propia esfera y con sus medios propios. Lo contrario a eso, constituiría una ofensa grave a Dios, a la dignidad misma del hombre -hecho a imagen y semejanza del Creador-, y acarrearía numerosos e irreparables males a la sociedad”.
Viendo ese documento en el tiempo asombra su visión tan avanzada en medio de las tinieblas de la dictadura, su profunda ruptura con el silencio que muchos de ellos guardaron por beneficiarse del régimen o temerle, y que tal como fue formulado era prácticamente la agenda para una Constitución como la de 1963. ¿Qué pasó para que se invirtieran radicalmente muchas de esas propuestas?
