SANTO DOMINGO.– La reacción airada de decenas de pasajeros recién llegados al país en los aeropuertos por negarse a realzarse la prueba rápida del Covid-19 y que se evidenció este lunes (si bien la medida fue derogada) ha generado varias conjeturas sobre lo que allí ocurrió.
La disposición provino de la Comisión de Alto Nivel para la prevención y el control del Coronavirus la cual instruyó al Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (CESAP) para que este organismo en coordinación con Aeropuertos Dominicanos (Aerodom) habilitara espacios para este fin.
El propósito era cubrir el 100% de los pasajeros que llegaban por las terminales del aeropuerto internacional de Las Américas, de La Isabela y el Gregorio Luperón en Puerto Plata.
En las primeras horas del lunes se realizaron los aprestos de lugar y se integraron a las labores un cuerpo médico en los aeropuertos antes mencionados.
A través de un sistema de monitoreo conectado con la base de datos que maneja el ministerio de Salud Pública se le solicitaba al pasajero recién arribado su documentación de identidad, se le hacía la prueba y se le exigía esperar los resultados a los fines de poder darle seguimiento en caso de estar positivo.
Pero, el tiempo para obtener los resultados que es de diez a doce minutos se conjugo con la cantidad de evaluados lo que generó que algunos tuvieran que esperar hasta cinco horas para ser evaluados y posteriormente recibir los resultados.
Fue esto lo que generó las protestas y la negativa de parte de los afectados por lo que, por la misma vía que se utilizó para la implementación de la medida se descontinuó y posiblemente, en las próximas horas se retomará pero de manera parcial y aleatoria.
Duda que se genera
Estas pruebas no representaron gasto para los pasajeros. Eran suministradas de manera gratuita por lo que su costo fue asumido por el Estado dominicano.
Hasta el pasado 26 de julio, mismo periodo en que de manera formal fueron abiertas las fronteras aéreas, el total de personas que han llegado y salido al país es de 113, 156 pasajeros.
El dato institucional fue compartido de manera global pues aún no termina el mes y por lo tanto no está preparado el corte definitivo pero, la proporción de entradas y salidas en el mismo mes del año 2019 es de 50% y en gran parte del año también.
Por lo que por cada salida una entrada lo que deja con la friolera de 56, 578 llegadas flujo que se espera pueda normalizarse paulatinamente.
Si a cada uno de estos pasajeros se le realiza una prueba rápida cuyo costo ronda los veinticinco dólares, estaríamos hablando de una cantidad cercana al millón punto cinco de dólares.
Evaluar las entradas es positivo y necesario, ya lo han sugerido profesionales de la salud como forma de tener un mejor control de los contagiados, solo que una medida similar suele ser comunicada por los máximos incumbentes previo a su implementación.
Además, la carencia de reactivos para la realización de pruebas PCR se mantiene en muchos de los laboratorios y en el caso específico de las rápidas los sospechosos de Covid-19 por lo general enfrentan dificultades para adquirirla.
Es decir, el contexto actual de la crisis sanitaria limita bastante la aplicación de nuevas medidas y su ejecución de la manera apropiada (cuarentena para los positivos, seguimiento efectivo en sus respectivas locaciones y comprobación de negativo una vez se recuperen), lo que genera dudas sobre las razones que motivaron la disposición.
Algunas de las últimas decisiones de las autoridades salientes han creado roce con las entrantes y han producidos reacciones contrarias en la población y críticas declaraciones de por lo menos tres de los altos futuros funcionarios de gobierno.
