La Cámara de Cuentas está zarandeada por denuncias de graves indelicadezas e irregularidades, relatos fuera de récord de sus propios integrantes y rumores insistentes que anuncian un mal de fondo y requieren explicaciones oficiales.
La Constitución ordena que la Cámara es el órgano de control externo de los recursos públicos, procesos administrativos y el patrimonio del Estado; por tanto, son preocupantes tantos alegatos, justo cuando el gobierno libra una campaña anticorrupción con escandalosos procesos judiciales.
José Báez Guerrero
Pese al tsunami de maledicencia, no se defienden quizás porque ningún denunciante señala hechos concretos ni aporta pruebas.
La Cámara posee personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, operativa y presupuestaria. La organiza la Ley 10-04. La Ley 311-14 sobre declaración patrimonial, también le asigna responsabilidades.
La Constitución dispone que la Contraloría General de la República es el “órgano del Poder Ejecutivo rector del control interno”, pero el control externo corresponde a la Cámara de Cuentas.
La Cámara examina las cuentas generales y particulares del Estado, realiza investigaciones especiales, audita y analiza la ejecución del Presupuesto. Estas facultades confieren una autoridad a veces indispensable para el juzgamiento de actos de corrupción y otros ilícitos administrativos.
Su Ley 10-04 la faculta para auditar e investigar organismos, entidades, personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, con acceso irrestricto a evidencias de cualquier naturaleza e “investigar denuncias o sospechas fundamentadas de ilícitos contra el patrimonio público”.
Hechos recientes
El 3 de febrero, el presidente Abinader ordenó a la Cámara una auditoría financiera a la central Punta Catalina. El gobierno explicó que se solicitaba porque estaba “recibiendo los resultados de la auditoría técnica por la firma estadounidense Sargent & Lundy”, que todavía no publica.
El 30 de agosto, la Cámara reveló que auditorías de cientos de licitaciones públicas revelan una imposibilidad de conocer los montos originales adjudicados. Al cerrar el año 2020, la Cámara concluyó que de 721 entidades en la matriz del Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF), sólo 338 aparecen en el portal transaccional de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Las 383 no inscritas son 53 % del total.
El 1ro de septiembre, varios diputados reaccionaron airados por una auditoría de la Cámara de Cuentas con alegadas irregularidades en su manejo de fondos del Congreso.
El miércoles 7, el senador por Pedernales, Dionis Sánchez, vocero de Leonel Fernández, denunció que “en la Cámara de Cuentas hace tiempo se están dando casos de acoso sexual” y que tres de los cinco directivos fueron al Senado días antes con documentos “probando delitos”.
El viernes 9, Inés Aizpún, directora de Diario Libre, comentó que en la Cámara hay “una fábrica de rumores”: que si su presidente responde a exfuncionarios, que si la FUPU incordia, que hay auditorías que “no deben ver la luz”, quejas por el carácter de su presidente…
Estas situaciones y otras denunciadas por radio y redes sociales, merecen explicación por parte de los cinco miembros de la Cámara de Cuentas.
¿Quiénes son?
Janel Andrés Ramírez Sánchez, licenciado en contabilidad por INTEC, summa cum laude, con maestrías en finanzas en APEC y auditoría en la Universidad de Valencia, es el presidente.
Trabajó en Soriano Martínez & Asociados y KPMG de 2002 a 2014. En el sector privado dirigió auditorías en Autobritánica, Autogermánica, Grupo Cap Cana, CEMEX y Corporación Avícola y Ganadera Jarabacoa. Inició su carrera pública en la Contraloría General como encargado de auditorías especiales, de 2014 hasta 2017, cuando pasó como director de procedimientos a la Dirección de Contabilidad Gubernamental.
La vicepresidente es Elsa María Catano Ramírez, licenciada en contabilidad por la Universidad O&M. Hizo maestría en auditoría en la UNHPU y otros estudios.
En la Contraloría General fue analista de 1995 a 1996; luego supervisora hasta 1997 y después subcontralora general. Al gobernar Hipólito Mejía, en 2000 salió como gerente de contabilidad al Hospital Plaza de la Salud y en 2005 fue gerente de auditoría interna, hasta abril de 2021 cuando asumió la vicepresidencia de la Cámara. Fue maestra de nivel básico.
Tomasina Tolentino de Mckenzie es secretaria del pleno. Es contadora pública por UTESA con maestrías en administración financiera en APEC y alta dirección pública en el Instituto Ortega y Gasset a través de FUNGLODE. Fue directora de planificación del Ministerio de Hacienda, primera directora administrativa del Tribunal Constitucional y gerente de proyectos financiados por organismos internacionales. Es docente universitaria.
Mario Arturo Fernández Burgos, miembro, es abogado por la PUCMM con postgrados. Posee 38 años de experiencia como responsable de litigios de Cabral & Báez de Santiago y es notario desde 1983. Fue abogado del Consejo del Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES) y la PUCMM.
Es activista social desde 2012, en temas de anticorrupción, transparencia electoral, Marcha Verde y contra el aprovechamiento minero de Loma Miranda.
La miembro Elsa Peña es doctora en globalización por la Universidad del País Vasco y contadora pública por UTESA. De 1980 hasta 1994 fue inspectora del IDSS.
En 1995 fue ascendida a supervisora de contraloría hasta el año 2000 y de 2000 al 2001 fue tesorera del IDSS. Laboró en la DGII hasta 2002 y fue gerente de compras del ministerio de Salud hasta 2005. Volvió al IDSS como directora financiera hasta 2016. Es docente de la UASD y la UCSD con más de dos décadas como profesora de postgrados.
