Josefina Reynoso
El inicio de 2025 trae consigo una serie de desafíos críticos para la seguridad ciudadana en República Dominicana.
Este tema, esencial para garantizar la estabilidad social y el desarrollo económico, demanda una atención prioritaria y una visión estratégica que aborde las múltiples dimensiones de la inseguridad.
La lucha contra el crimen organizado sigue siendo una prioridad nacional. Las redes de narcotráfico, tráfico de armas y contrabando han perfeccionado sus métodos, operando con una sofisticación que pone a prueba la capacidad de las fuerzas del orden.
En paralelo, la violencia asociada a grupos delictivos, los conflictos entre microredes y la convivencia social siguen sembrando temor en las comunidades más vulnerables.
En este contexto, se requiere no solo equipar y profesionalizar a la Policía Nacional, sino también fomentar la proximidad con los ciudadanos, fortaleciendo la confianza y la colaboración entre ambas partes.
Otro desafío ineludible es la frontera con Haití. La crisis humanitaria y política en el país vecino ha intensificado los flujos migratorios y, con ello, las tensiones sociales y, en ocasiones, los hechos delictivos en los que se ven envueltos inmigrantes ilegales.
La porosidad de nuestra frontera facilita actividades ilegales como el tráfico de personas y el contrabando, que comprometen la seguridad nacional.
Este año será crucial reforzar las políticas fronterizas con tecnología de vigilancia avanzada y personal capacitado, equilibrando la protección territorial con el respeto a los derechos humanos.
El sistema penitenciario sigue siendo un punto débil.
Las cárceles sobrepobladas y carentes de programas efectivos de reinserción no solo perpetúan el ciclo de la criminalidad, sino que también lo amplifican al convertirse en espacios de reclutamiento.
Es apremiante un enfoque integral que combine reformas estructurales con programas educativos y de reintegración social.
No podemos dejar de lado la violencia intrafamiliar y los feminicidios. En 2024, ocurrieron más víctimas fatales que en 2023, por lo que debemos reenfocar la política de prevención y educación para reducir las alarmantes cifras de violencia doméstica.
Las muertes por accidentes de tránsito y los delitos asociados a motocicletas requieren mayor atención, y un enfoque más riguroso en la regulación y la seguridad vial podría salvar numerosas vidas cada año.
Las muertes por acciones legales siguen siendo un tema preocupante, con un promedio de 697 fallecidos desde 2020 hasta 2024, donde al menos 171 personas murieron hasta octubre de 2024.
Además, los fallecimientos de policías en el cumplimiento del deber alcanzaron 18 casos en el mismo período, según datos de la Oficina de Libre Acceso a la Información.
Finalmente, la expansión de los delitos cibernéticos exige medidas urgentes.
Desde el robo de identidad, el fraude financiero hasta mal uso de datos biométricos, estos delitos se han convertido en una amenaza significativa para ciudadanos y empresas.
La creación de unidades más fuertes en ciberseguridad y campañas educativas puede mitigar estos riesgos.
No podemos concluir esta proyección sin analizar las muertes por homicidios, que todavía siguen siendo altas.
Aunque las autoridades presenten porcentajes de una cifra, cuando los traducimos a valores absolutos, sobrepasan los mil homicidios al año, como se puede observar en la gráfica, este año hasta el 20 de diciembre del 2024 ocurrieron un aproximado de 1,058 casos.
Este año, debemos seguir abogando por una estrategia de seguridad ciudadana que priorice la prevención en lugar de medidas reaccionarias.
El 2025 es una oportunidad para que República Dominicana adopte un enfoque preventivo e inclusivo, reforzando las instituciones y apostando por el desarrollo social.
