Patricia Arache.
Los últimos días han sido reveladores de que la visión y la valoración que tienen los gobernados en distintos países, a veces, está muy por encima de la que pretenden imponer sus gobernantes sobre cualquier aspecto.
La hostilidad que exhiben autoridades haitianas frente al pedido de cese de la construcción del canal que derivaría aguas del río Dajabón o Masacre hacia esa nación, no es la misma que muestran compatriotas suyos, acogidos en distintos momentos en República Dominicana, donde han encontrado espacio para existir y construir familias y hasta negocios.
Muchos haitianos han aprendido a tomar con pinzas los discursos politiqueros y anarquistas de unos cuantos que, a lo largo de la historia de su nación, han medrado el presupuesto que manejan, así como las esperanzas de sus connacionales de encontrar el camino hacia la paz, la convivencia y el desarrollo social y económico, al que tienen derecho.
Han visto a una casta política que se aleja cada vez más de ellos y se apropian de lo poco que le queda a la nación, lo que los obliga a iniciar arriesgadas travesías que los llevan a tierras ajenas, donde encuentran un lugar donde pernoctar, a pesar de su condición de indocumentados.
No está de más referir la falta de Registro Civil que prevaleció en Haití, hasta el año 2012, cuando el gobierno de Canadá anunció el financiamiento de un proyecto, propuesto desde el 2005 por la Organización de Estados Americanos (OEA) para dotar de acta de nacimiento a los haitianos que nacieran, a partir de esa fecha.
Esto revela que muchos de los nacidos antes del año 2012 carecían de identidad hasta en su propio país, y, entonces, se produjo un plan que permitió dotar de documentos a apenas 5 millones de haitianos adultos, de una población que alcanzaba los casi 12 millones de personas, en el añ0 2021.
La falta de institucionalidad y compromiso gubernamental en Haití es una dolorosa realidad de la cual se derivan muchas consecuencias: ¿Quién puede legitimar la presencia de un extranjero en cualquier parte del mundo, que carece de identificación en su propio país?
La imposibilidad de no poder demostrar quién es quién, es la negación de derechos más bárbara, cruel y nefasta que ha tenido que sufrir el pueblo haitiano, ante la mirada indolente de sus políticos y gobernantes.
Un análisis detallado sobre el comportamiento social, político, económico, militar e institucional en la hermana República de Haití, a lo largo de su historia, permite ver con claridad que los problemas de esa nación caribeña, no son generados por elementos ni comportamientos externos.
Es todo un vendaval de falencias internas que subyuga a los haitianos, lo que, sumado a la presencia de depredadoras bandas armadas criminales, los hace sumamente vulnerables y esto, también, no hay dudas, es aprovechado por algunos desalmados para “hacer y deshacer”, con ellos a su antojo, en cualquier otra parte del mundo.
La situación de crisis permanente en Haití no es provocada por otros países y, menos por República Dominicana, su vecino más cercano, y que constituye su más alcanzable paño de lágrimas.
Sus problemas están en su interior, en el propio corazón de una sociedad diluida, atomizada, sin liderazgo y sin agallas para reivindicar la dignidad, la seguridad y la protección de su gente, en su propio suelo.
República Dominicana, su gente, su pueblo ni sus autoridades deben permitir que la mezquindad, la cobardía, el mal agradecimiento, la ineptitud y la rabia de grupos irracionales haitianos intenten cambiar su espíritu de solidaridad, amistad y colaboración.
Escuché a un haitiano referirse a la disputa existente entre dominicanos y haitianos por la construcción del canal para el uso de las aguas del río Masacre.
Considera, con razón, que serán esos mismos que hoy se envalentonan para dizque defender sus derechos sobre el río Masacre los que dentro de poco estarán enfrentados y destruyéndolo todo, incluso, la propia obra.
República Dominicana debe seguir siendo esa nación hospitalaria, cálida y acogedora que ha sido hasta ahora, a pesar de las arpías, las de aquí, las de allá o las de cualquier otra parte del mundo. Eso sí, sin que nadie intente mancillar o menospreciar la condición de país “libre e independiente”, en el que las instituciones deben funcionar con responsabilidad, honestidad y ética.
