Santo Domingo.- Los miembros de las bandas haitianas designadas ayer como terroristas por el presidente Luis Abinader enfrentarán una persecución más rigurosa por parte de las autoridades y penas de hasta 40 años de prisión, según lo establecido en la legislación vigente.
La medida anunciada en la rendición de cuentas con motivo del 181 aniversario de la Independencia Nacional, está contenida en el Decreto 104-25, que ordena la activación del Consejo Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley 267-08 sobre Terrorismo, promulgada en julio de 2008.
Esta acción guarda similitud con la adoptada por la administración del expresidente de EE.UU. Donald Trump, que declaró como organizaciones terroristas a los principales carteles de la droga en México.
Qué implica la medida anunciada por Abinader
La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, vigente desde el 1 de junio de 2017, establece penas de entre 30 y 40 años de prisión para los responsables de actos terroristas.
En este sentido, Abinader instruyó a los organismos de inteligencia y seguridad del Estado a reforzar las medidas de vigilancia para evitar incursiones de estas bandas en territorio dominicano y prevenir ataques contra intereses nacionales en el extranjero.
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"Las fuerzas de seguridad están advertidas para actuar con la máxima severidad en estos casos", afirmó el presidente ante los legisladores.
Las bandas declaradas terroristas
El decreto cataloga como organizaciones terroristas a las siguientes bandas haitianas:
Delmas 6, 5 Segond, Kraze Barye, 400 Mawozo, Grand Ravine, Taliban/Canaan, Baz Gran Grif / Gang Savien, Kokorat San Ras, Haut Belair/Argentins y Belekou.
Además, Ti Bois, Krache Dife, Chabon, Wharf Jérémie, Gang de Piei TC VI, Simón Pelé, Nan Boston, Baz Pilate, Chyen Mechan, Fort Dimanche, Gang de Tokyo, Chancerelles, Carrefour Drouillard, Terre Noire, Brooklyn y Mariani.
Consecuencias
La clasificación de estas bandas como terroristas conlleva varias implicaciones: Mayor persecución y sanciones.
Los miembros de estos grupos serán procesados bajo las estrictas normativas antiterroristas, con penas más severas.
Facultades ampliadas para las fuerzas de seguridad: Las autoridades dominicanas podrán implementar estrategias de vigilancia, inteligencia y respuesta táctica con mayor rigor.
Posibles sanciones internacionales: La designación podría generar respaldo de organismos internacionales y fomentar la cooperación en la lucha contra estas bandas.
Impacto en las relaciones bilaterales: La medida podría modificar la dinámica diplomática entre República Dominicana y Haití, así como la seguridad fronteriza.
Con esta decisión, el gobierno dominicano busca fortalecer la seguridad nacional ante la creciente crisis de violencia en Haití y el avance del control territorial de estas bandas en Puerto Príncipe y el sur del país vecino.
La crisis de Haití
Como resultado, la situación de seguridad en el país vecino sigue deteriorándose, con más de 5,000 personas asesinadas en 2023.
Ante la falta de soluciones concretas, el Gobierno dominicano ha mantenido una diplomacia firme y activa, exigiendo un mayor compromiso de la comunidad internacional.
Sin embargo, la inacción de los organismos internacionales ha obligado al país a reforzar sus propias medidas de defensa.
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Edili Arias
Periodista egresada de la Universidad O&M, apasionada por escribir sobre niñez, salud e historias humanas. Combina su amor por el periodismo con su afición por los deportes. Madre de dos niños, lo que le aporta una perspectiva cercana y sensible en sus reportajes.
