Varias de las protestas contra el encarcelamiento de Pablo Hasél terminaron con barricadas.
La entrada en prisión del rapero español Pablo Hasél el pasado 16 de febrero desató una oleada de protestas que ha sacudido España en los últimos días.
Hasél fue condenado por «enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a instituciones estatales» por algunas de sus letras y tuits.
Al acumular condenas previas por delitos como agresiones y amenazas, la justicia española decretó su entrada en prisión.
Tras el ingreso penitenciario de Hasél —nacido como Pablo Rivadulla Duró en 1988— se produjeron protestas virulentas para pedir su libertad en ciudades como Madrid, Valencia, Pamplona o Barcelona, demandando la libertad del rapero.
Pero lo que empezó como una protesta contra lo que los manifestantes denunciaron como un ataque a la libertad de expresión, se tornó en lo que varios de los participantes describen a BBC Mundo como una expresión de rabia por la frustración acumulada por la falta de expectativas de futuro de una generación castigada por la crisis económica y ahora también los efectos de la pandemia de coronavirus.
En Barcelona, las manifestaciones se repitieron durante más de una semana —hay más previstas en los próximos días— y en muchas ocasiones desembocaron en disturbios y actuaciones violentas contra la policía y algunos comercios, que fueron condenados por parte de la ciudadanía y las autoridades.
En Twitter, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dijo que la defensa de la libertad de expresión «no justifica en ningún caso destrozar todo tipo de mobiliario urbano, asustar a vecinos, perjudicar comercios afectados por la crisis o atacar a medios de comunicación».
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La precariedad como «gasolina»
Las protestas no tienen un convocante claro ni un objetivo identificable. «Es algo transversal. Algunos de los participantes están organizados en plataformas políticas. Otros son chavales menos politizados que lo veían como una oportunidad de expresar su rabia«, le dice a BBC Mundo Lluís Cruz, periodista de Betevé, la televisora local de Barcelona.
«Hay perfiles muy diversos; chicos y chicas muy jóvenes, de unos 20 años, pero los hay hasta de 16. Es complicado encasillar a los manifestantes en un perfil concreto», agrega la también periodista local Marta Font.
Uno de esos jóvenes es Pablo Castilla, estudiante de filosofía política de 21 años y militante de una organización anticapitalista. Asegura que la falta de «perspectivas de futuro» es uno de los factores que le empuja a manifestarse a diario en la capital catalana, así como «ver que lo que tenemos delante es cada vez más precariedad, más recortes de derechos y libertades».
«El detonante fue el encarcelamiento de Pablo Hasél, pero yo tenía muy claro que no salía únicamente por eso. Hay muchas más cosas detrás», agrega Castilla.
«Nuestra generación vivirá peor que nuestros padres, no encontramos trabajo, vemos negro el futuro», dice, por su parte, Biel López, también de 21 años y estudiante de Ciencias Políticas.
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España es el país con la tasa de paro juvenil más alta de toda la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 40,7% de los jóvenes españoles no tiene trabajo; el doble que Colombia y cinco veces más que México, según datos de la propia OCDE.
Pero tener trabajo no es una garantía para los jóvenes. Según el Observatorio de Emancipación Juvenil del Consejo de la Juventud de España —un informe publicado en 2020— uno de cada cinco de los jóvenes que trabajan se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social.
Además, según el mismo informe, solo dos de cada diez menores de 30 años ha podido emanciparse. El Observatorio de Emancipación Juvenil apunta también que en Cataluña los elevados precios de la vivienda hacen que «el pago teórico del alquiler habría supuesto el 119,6% del salario individual».
Nuestra generación vivirá peor que nuestros padres, vemos negro el futuro»
El concejal de Presidencia y coordinador de gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, le dice a BBC Mundo que «el depósito de gasolina, de la rabia social, está muy lleno».
«Está creciendo la indignación por un sistema que ofrece pocas expectativas a los jóvenes y la pandemia la ha agudizado».
Aunque desde distintos estamentos se reconocen las dificultades por las que pasan los más jóvenes, el hecho de que algunas protestas hayan terminado en disturbios provocó la crítica por parte de algunas autoridades hacia algunos manifestantes.
«No hay causa, ni lugar ni situación que pueda justificar el uso de la violencia», dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.
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«Hay una criminalización que intenta culpabilizar a los jóvenes de los contagios»
Pablo Castilla asegura que la «persecución policial que sufrimos los jóvenes durante la pandemia» también juega un papel en las manifestaciones.
«En verano se nos culpabilizó de hacer fiestas ilegales y luego se vio que los principales rebrotes fueron entre temporeros, trabajadores migrantes con condiciones laborales precarias».
Según Castilla, la situación laboral de algunos jóvenes en pandemia, con «trabajos precarios sin condiciones de seguridad», ha tenido un papel influyente en la percepción de los jóvenes como transmisores. «¿Cuántas fiestas ilegales hay en un vagón de metro a las ocho de la mañana en Barcelona?», se pregunta.
En julio el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España, Fernando Simón, pidió a los jóvenes que no olvidaran «el esfuerzo de sus mayores» en referencia a los «botellones» —reuniones de jóvenes para beber al aire libre— que se produjeron en verano en algunos lugares del país.
«Recortes de derechos»
Para Biel López, a las dificultades económicas se añaden «los recortes de derechos con el encarcelamiento de Hasél».
El rapero es la persona de más alto perfil en ir de hecho a prisión por un delito de expresión en España en años recientes, pero su caso es solo uno de muchos que han causado controversia.
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Otros intérpretes o blogueros han incurrido en el delito de «enaltecer el terrorismo», que tiene un rango tan amplio que cualquier ejemplo de justificación de un acto terrorista, incluso si tuvo lugar hace mucho tiempo, puede conducir a una condena.
Amnistía Internacional tuiteó que el arresto de Hasél era una «noticia terrible» para la libertad de expresión en España.
El gobierno español anunció que planeaba reducir la pena por delitos vinculados a la libertad de expresión como la glorificación del terrorismo, discurso de odio o insultos a la Corona y la religión, en el contexto de actividades culturales o artísticas.
Sin embargo, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, aseveró en una entrevista en la Cadena Ser que «Pablo Hasél tiene un historial entero, se le están aplicando las normas de este país» y que «todos los derechos tienen limitaciones», en referencia a las protestas violentas.
Contra la corrupción y la monarquía
Andrea Vallejo, una joven de 23 años que compagina sus estudios de Sociología con un trabajo de recepcionista para pagar su alquiler, atribuye parte de la frustración de los jóvenes a los casos de corrupción, algunos de los cuales involucran a la esfera política y a la propia monarquía.
«Nos venden que todos somos iguales ante la Justicia y eso es mentira. Lo vemos con los políticos que han estado robando y no les ha pasado nada», explica.
En años recientes, en España se han destapado numerosos escándalos de corrupción que involucraron a partidos políticos que han indignado a la sociedad española. Algunos siguen en juicio, como el llamado «caso Bárcenas» en el que se investiga la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
Pero en otros casos ya se han producido condenas, algunas de alto perfil, como las que llevaron a la cárcel al exministro de Economía y exdirector del FMI Rodrigo Rato, y al cuñado del rey y marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín.
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Precisamente la monarquía es uno de los principales focos de las manifestaciones, en las que es habitual ver imágenes de coronas al revés bajo la señal de prohibición. Pablo Castilla califica a la institución como «brutalmente corrupta» y Biel López entiende las protestas como «un ataque» a la Corona, «como una enmienda a la totalidad del status quo del Estado español actual».
El propio rey emérito, Juan Carlos I, está en el ojo público por una investigación en Suiza y España sobre sus cuentas en el extranjero en un caso de supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Según Transparencia Internacional España ocupa la posición 32 de 180 países en la percepción de corrupción que tienen sus ciudadanos.
Con mejores resultados que España en esa clasificación se encuentran países como Qatar, Chile, Uruguay o los Emiratos Árabes Unidos, donde Juan Carlos I trasladó su residencia en agosto pasado.
El conflicto catalán
Algunos manifestantes también ven en las protestas tras el encarcelamiento del catalán Pablo Hasél como una continuación de las que se produjeron en Barcelona y el resto de Cataluña en 2019.
En ese momento varios líderes independentistas fueron condenados a prisión por su papel en la celebración de un referendo el 1 de octubre de 2017, considerado ilegal por la Justicia española, y la posterior declaración unilateral de independencia del gobierno regional.
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Tras la sentencia se produjeron marchas masivas y diarias en varios puntos de Cataluña, algunas de las cuales terminaron con enfrentamientos muy violentos con la policía en las calles de Barcelona.
«Muchos de los que salimos ahora a la calle hemos vivido las manifestaciones del procés (proceso de independencia) y del 1 de octubre», cuenta Andrea Vallejo.
«La violencia no es el camino»
Biel López, quien también es miembro del órgano ejecutivo de la ANC, una de las principales organizaciones civiles del independentismo, asegura que «todo bebe del conflicto político entre Cataluña y España que ha marcado a la sociedad catalana los últimos 10 años, seas independentista o no».
Según López, «las protestas por el encarcelamiento de Hasél tarde o temprano morirán como lo hicieron las de 2019. Pero habrá otra ola. Se irán acumulando las razones y habrá otra gota que colme el vaso».
La violencia de las protestas
Muchas de las últimas manifestaciones convocadas en Barcelona también terminaron con escenas de quema de contenedores y vandalizaciónde establecimientoscomerciales y bancos.
La alcaldesa Colau pidió que los manifestantes no recurrieran «a la quema de contenedores, que no resuelve nada» y afirmó que «el encarcelamiento de Pablo Hasel causa indignación, pero la violencia no es el camino«.
El concejal Jordi Martí explica que los destrozos se cuentan en «cientos de miles de euros» pero resalta que «eso no es lo más importante, lo es la herida que provocan en la vida urbana esas escenas».
«En medio de la pandemia en que los sectores económicos lo están pasando mal es el peor momento para que ocurran estos acontecimientos».
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Por su parte, Luís Sans, presidente de la asociación de comerciantes del paseo de Gracia —una de las avenidas comerciales más importantes y lujosas de Barcelona, y también una de las más afectadas por los disturbios— valoró las pérdidas provocadas por los destrozos y los saqueos en 750.000 euros(unos US$905.000).
«Solo en el paseo de Gracia hay 75 establecimientos vandalizados y 12 tiendas brutalmente saqueadas«, le cuenta a BBC Mundo. Según Sans, los disturbios son responsabilidad de «grupos a los que cualquier excusa les va bien para activarse».
Sin embargo, algunos manifestantes aseguran que muchas de las actuaciones violentas nacen como respuesta a las cargas de la policía.
«La quema de contenedores y las barricadas son por una cuestión de defensa, para evitar que la policía entre a cargar o nos disparen (proyectiles de goma)», opina Andrea Vallejo.
La estudiante de 23 años distingue estas actuaciones de los saqueos en las tiendas: «Son otro tipo de asistentes a la manifestación, van con el objetivo de liarla porque sí. A mí esto no me representa y no estoy nada de acuerdo».
Otro manifestante, Genís d. B., de 30 años, apoya la actuación violenta de algunos asistentes a las protestas: «Parece que las instituciones no entienden otro tipo de lenguaje. Me gustaría que no fuese el camino, pero el otro ya lo probamos».
«No puedo condenar que un grupo de jóvenes lance piedras contra la policía cuando el primer día esta disparó 300 proyectiles y le reventaron el ojo a una chica», añade Biel López.
Los Mossos d’Esquadra —el cuerpo de policía de Cataluña que se encarga de intervenir en las manifestaciones— recibieron críticas por su actuación durante las manifestaciones.
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Una participante de 19 años perdió un ojo en las protestas. Según varios testigos y el Centro de Defensa de los Derechos Humanos Iridia, el causante fue un proyectil disparado por la policía.
El máximo responsable de la policía en el gobierno catalán anunció una revisión «urgente» del modelo policial y dijo que «no se puede permitir ni puede volver a pasar» que alguien pierda un ojo en una manifestación.
Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio su apoyo a las fuerzas de seguridad frente a lo que definió «actitud injustificable» de los grupos que han causado disturbios.
La policía catalana tiene preparado un dispositivo preventivo de seguridad para intentar que las movilizaciones convocadas este fin de semana transcurran de forma pacífica.
