Matías Bosch, primer vicepresidente
En 1935 Trujillo promulgó la Ley 837 sobre “Dominicanización del Trabajo” que ordenó a toda empresa tener al menos un 70 % de empleados dominicanos.
La misma ley contenía su trampa: el Poder Ejecutivo podía dar permisos para romper la regla en la agricultura, es decir la actividad azucarera.
A partir de 1952 Trujillo se transformó en el importador monopolista de la mano de obra extranjera. Resultado: en 1960 había en el país un 54 % más de haitianos que los que había en 1950.
La dominicanización del trabajo en el azúcar, pilar de la economía dominicana, fue un mito. Trujillo usó a su favor la ley, para gobernar y dirigir el flujo de trabajadores, pagando enormes sumas de dinero, sobornando y chantajeando autoridades haitianas.
Después de Trujillo, Balaguer implementó un plan que tituló “Nacionales a cortar caña de azúcar”. Después de pedir un aumento en los salarios y mejoras en la vivienda de los dominicanos en los bateyes, Balaguer ordenó deportaciones para “allanar el camino a los trabajadores dominicanos”.
Pero pocos estaban dispuestos a trabajar en los cañaverales y se quejaban amargamente: hacinamiento, falta de agua y saneamiento; rápidamente regresaban a casa.
Los esfuerzos de Balaguer no indujeron a los dominicanos a cortar la caña, solo disminuyeron la oferta de mano de obra.
En realidad, se siguieron haciendo contratos anuales o bianuales de manera totalmente ilegal, pagando millones de dólares a los Duvalier.
Entre 1966 y 1980 se reclutaron 127 mil braceros haitianos; la zafra 1977-1978 se hizo completamente con indocumentados.
Finalmente, el Código de Trabajo instituido bajo Balaguer en 1992 incluye un título de “Nacionalización del trabajo”, que en sus artículos 135 y 136 dicta que al menos el 80 % del total de trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos, y sus salarios deben ser, en conjunto, el 80 % del pago de todo el personal.
Es la famosa regla del 80/20.
Convertida el azúcar en un producto secundario de la economía dominicana, las principales actividades económicas en la que participan extranjeros, haitianos en su mayoría, son la construcción y la agropecuaria.
El dato terrible es casi un 57 % de quienes trabajan en agropecuaria (12.6 % de los asalariados del país) tiene un salario de 7,370 pesos mensuales.
En la construcción (6.6 % de los asalariados del país) el 54 % de los trabajadores gana por debajo de 15,828 pesos mensuales.
Y sucede que la canasta familiar promedio en República Dominicana es de 28,515 pesos al mes. Ningún trabajador puede vivir dignamente de la construcción y mucho menos de la agricultura.
Eso es lo que explica que ya en 2010 el 53 % de los trabajadores de la construcción fueran haitianos, así como lo era el 66.3 % de quienes trabajaban en ese año en el cultivo del guineo.
La poca supervisión y complicidad oficial facilita estas operaciones. Los salarios de hambre del país a su vez se relacionan con que más de 1.2 millones de dominicanos hayan emigrado a Estados Unidos, Europa y Sudamérica y, a su vez, sostengan la economía del país enviando más de 5,000 millones de dólares en remesas anuales.
Evidentemente, ni la dominicanización del azúcar ni la nacionalización del trabajo del Código de 1992 se han cumplido, pues han sido un mero discurso y en la práctica se hace todo lo contrario.
No se debe modificar la regla del 80/20, porque es necesario proteger el empleo de la población dominicana, en un país con fuertes corrientes migratorias desde Haití, Venezuela y otros países que naturalmente buscan su sustento como lo hacen los migrantes dominicanos.
Además, sabemos que hay casi un 20 % de dominicanos que pudiesen trabajar y no lo hacen o solo lo logran con una ocupación por horas que está por debajo de su disposición a emplearse; y ni hablar del aproximadamente 55 % de trabajadores en la informalidad. Necesitamos más y mejores empleos para la población nacional.
Pero será imposible que se cumpla si, como hicieron Trujillo, Balaguer y los gobiernos sucesivos, se mantienen las mafias de tráfico de mano de obra, y a la vez no se mejoran el salario y las condiciones laborales para que los dominicanos trabajen con dignidad.
No son los inmigrantes quienes deciden a quién se da trabajo y con qué salario, mucho menos vienen a “quitarles” algo a los dominicanos. Son los gobiernos y los patronos quienes deben dar muestra de que el país les importa un poco.
