La iniciativa del presidente Danilo Medina de agotar un proceso de consultas antes de presentar al Congreso un proyecto de ley especial sobre el caso de los dominicanos afectados por la sentencia TC 168/13, ha tenido el positivo efecto de unir en aplausos al Mandatario, a sus simpatizantes y adversarios como a quienes apoyan y rechazan la problemática sentencia.
Aunque dicha aprobación sea una forma sutil de los diversos actores de tratar de influir en esta última etapa, la decisión del Jefe de Estado, se puede decir que ha cobrado fuerza en importantes sectores nacionales que la sentencia en vez de una solución a la compleja cuestión migratoria ha traído un problema grave, primero a la administración Medina, segundo a la República Dominicana en el plano internacional como en sus relaciones con Haití.
Lo dicho arriba toma en consideración los datos de la Junta Central Electoral (JCE) sobre los afectados por la sentencia, quienes representan 0.57% de la población dominicana. Aquellos de ascendencia haitiana son tan solo 13,672.
En términos numéricos la cuestión carece de importancia. En el plano electoral la incidencia del voto domínico-haitiano no es para crear pánico. Además, la exclusión de votantes afectaría por igual a los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y el Revolucionario Dominicano (PRD), que se reparten mayormente los electores de ascendencia haitiana.
En términos políticos, tanto los datos citados anteriormente como el uso por el Tribunal Constitucional de los resultados de la encuesta ONE/UNFPA de inmigrantes han tenido un efecto contrario a los objetivos de los promotores de la sentencia.
Esencialmente, han puesto a la luz pública el discurso fantasmagórico sobre la supuesta invasión migratoria en un país donde el uso intensivo de la mano de obra haitiana se ha hecho imprescindible.
Por ende, con el grito de “muerte a los traidores” optaron por el reavivamiento del nacionalismo cobijados bajo la defensa de la soberanía sin importar las consecuencias para la República Dominicana.
La necesidad de buscar una solución al problema es un primer consenso logrado por el mandatario, a través de las consultas.
El Presidente se suma al aviso de dos expresidentes e influentes hombres políticos. Leonel Fernández e Hipólito Mejía. El primero a favor de un “mecanismo expreso” de reconocimiento de la nacionalidad. El segundo se ha pronunciado en contra de la sentencia.
En el PRD, dividido por una crisis interna, Medina ha escuchado a su presidente Miguel Vargas Maldonado, cuya posición, contrario al origen de su desaparecido líder Peña Gómez, es de apoyo a la sentencia.
En tanto que Luis Abinader ha mostrado militantemente su solidaridad con los afectados. Dos tradicionales aliados políticos igualmente fueron consultados: Vincho Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, defensor a ultranza de la sentencia; Quique Antún Batlle, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, quien declaró que el mandatario le presentó un proyecto de naturalización “bien intencionado” sin vulnerar la Constitución ni las leyes.
Con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez no se puede decir que la Iglesia fue consultada.
Esta, como la sociedad dominicana, está dividida respecto a la desnacionalización ordenada por la sentencia.
La inclusión del purpurado parece más bien responder a su protagónica participación personal en respaldo al Tribunal Constitucional en el debate público. Se espera con esas consultas de figuras públicas, de posiciones encontradas, que el Presidente fortalezca su convicción hacia una solución humana, responsable y justa sobre todo dominicana del problema creado por el TC.
