Ecuador vive días críticos: apenas un día después de que se iniciara un juicio político en su contra, el presidente del país, Guillermo Lasso, decidió este miércoles disolver el Congreso y solicitar la convocatoria de elecciones generales.
Lasso se encontraba, de acuerdo a varios analistas, «entre la espada y la pared», tras comenzar el martes un juicio político en su contra en la Asamblea Nacional de mayoría opositora liderada por Unión por la Esperanza (UNES), el partido de izquierdas del expresidente Rafael Correa, asilado en Bélgica al tener condenas pendientes por corrupción en Ecuador.
La oposición acusaba a Lasso del delito de peculado (malversación de fondos), por no dar por terminado un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo, lo que supuestamente habría causado graves perjuicios económicos a las arcas estatales.
La «muerte cruzada»
Así, la Asamblea inició un pleno este martes sobre la posible destitución del mandatario que debía someterse a votación en los próximos días.
Pero este miércoles Lasso firmó el decreto para disolver la Asamblea, en base en la llamada «muerte cruzada».
Es la primera vez que se aplica en Ecuador esta figura, recogida en la Constitución de 2008 -que se promulgó durante el mandato del expresidente Rafael Correa- y amparada por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Las claves del proceso que viene
Tras el anuncio de Lasso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta siete días para convocar elecciones.
Estos nuevos comicios presidenciales y legislativos deberán realizarse en un plazo máximo de 90 días tras su convocatoria. Lasso puede presentarse como candidato.
El CNE debe proclamar de forma oficial los resultados de los comicios en el plazo máximo de siete días después de las votaciones.
Si ninguna candidatura presidencial logró la mayoría absoluta de votos válidos emitidos, se convocará una segunda vuelta que deberá realizarse en los 45 días siguientes a la proclamación de resultados.
Tras las votaciones, el CNE tendrá un plazo máximo de siete días para proclamar los resultados electorales.
La toma de posesión de los ganadores deberá ocurrir dentro de los 15 días siguientes contados a partir de la proclamación de los resultados.
Las nuevas autoridades ocuparán sus cargos únicamente hasta 2025, cuando concluye el periodo constitucional actual (2021-2025) y debe ocurrir la convocatoria de nuevas elecciones.
El mecanismo de «muerte cruzada» no se podrá volver a invocar en lo que resta de periodo constitucional.
La «muerte cruzada» permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar.
La ley especifica que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo máximo de siete días desde que la decreta.
La primera vuelta de estos comicios «se realizarán en un plazo máximo de noventa días posteriores a la convocatoria», según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y los representantes públicos que en ellos se elijan permanecerán hasta el final de la legislatura en 2025, cuando están programadas las próximas elecciones regulares.
Lasso puede presentarse como candidato en las elecciones anticipadas, arriesgándose a perder el poder antes del término oficial de su mandato en 2025.
De ahí viene la expresión «muerte cruzada», ya que tanto el presidente como la Asamblea Nacional pueden perder sus atribuciones al decretarla.
A partir de ahora y por un plazo máximo de 6 meses, Lasso puede gobernar por decreto.
El presidente justificó su decisión acusando a los opositores de «poner en jaque la democracia ecuatoriana» mediante una estrategia de «desestabilización», y prometió devolver «al pueblo ecuatoriano» el poder de «decidir su futuro en las próximas elecciones».
¿Qué busca Lasso?
Para mantener el poder Lasso solo habría necesitado en el juicio político que un tercio de los 137 congresistas de la Asamblea rechazaran su destitución, pero finalmente decidió no esperar a la votación y decretar la muerte cruzada. ¿Por qué?
«Creo que se vio perdido, no consiguió negociar los votos necesarios. Su estrategia es poder gobernar mediante decretos, puesto que el panorama actual no le era favorable», dijo a BBC Mundo la politóloga e investigadora ecuatoriana Koya Shugulí.
Según expertos, el margen de maniobra de Lasso es muy estrecho, ya que solo le quedan unos meses para gobernar mediante decretos-leyes en un momento en el que su popularidad está en niveles mínimos, en parte por la crisis de inseguridad y violencia que vive el país sin que el gobierno haya podido poner soluciones, lo que podría augurarle una derrota en las elecciones anticipadas.
«Es una jugada sensible y llevaría al presidente a un suicidio político», había dicho a BBC Mundo el periodista Arturo Torres antes de que Lasso firmara el decreto y activara la «muerte cruzada».
Torres consideró, de hecho, que la decisión tomada este miércoles por el presidente abre un escenario más favorable para los correístas(simpatizantes del expresidente Correa), que fueron los grandes ganadores de las recientes elecciones seccionales de febrero, en las que el electorado castigó duramente la gestión de Lasso.
«Esto avizora el regreso anticipado del correísmo», pronostica Shugulí.
La muerte cruzada les puede generar, además, otro grave problema al ejecutivo de Lasso y al país en general: una ola de protestas con consecuencias imprevisibles.
Movimientos indígenas ya advirtieron de movilizaciones si esto llegaba a ocurrir, y podrían sumarse otros colectivos políticos y sociales.
De momento, las Fuerzas Armadas se han desplegado ante posibles movilizaciones en puntos clave de Quito, como el Palacio de Carondelet, el Palacio Legislativo y el Ministerio de Defensa, y se ha decretado el cierre de varias vías en la capital.
«Es un escenario conflictivo que no va a resolver, sino agudizar, los problemas de la gente de a pie», indicó el periodista Arturo Torres.
