Nicolás Maduro
Imagina que un futbolista está convencido de que anotó un gol, pero luego le pide a un tribunal que revise el VAR. Algo similar hizo el miércoles el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Luego de haber buscado la reelección en los comicios presidenciales del 28 de julio y de que el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, lo proclamara como vencedor, el mandatario venezolano acudió al Tribunal Supremo de Justicia a interponer un recurso ante la Sala Electoral para que realice un peritaje y establezca “la verdad” sobre los comicios.
Su solicitud se produjo en el contexto de las denuncias hechas por la oposición que asegura que el vencedor de la elección fue su candidato, Edmundo González Urrutia, y que afirma tener las actas para demostrarlo.
Maduro ha catalogado la acusación de la oposición como un «intento de golpe de Estado» y solicitó al TSJ que atienda «este ataque contra el proceso electoral».
La solicitud del mandatario es inusitada, al menos, por dos razones.
Y en segundo lugar, porque esta petición ignora el asunto de fondo que está reclamando la oposición venezolana y la mayor parte de la comunidad internacional: el hecho de que el Consejo Nacional Electoral no ha presentado los resultados detallados de cada mesa de votación que permitirían que los comicios puedan ser auditados.
El precedente histórico en las elecciones venezolanas es que el CNE publique todos los resultados detallados y si hay alguien descontento, usualmente el declarado perdedor, este impugna las cifras ante la propia autoridad electoral y pide su revisión.
Por otra parte, la exigencia de publicación de los resultados detallados cobra especial relevancia porque, a diferencia del CNE, la oposición creó una página web en la que compartió copias de todas las actas de votación que ha logrado reunir (más de 81%). Según su totalización, hasta ahora González Urrutia suma 7.156.462 de votos, mientras Maduro alcanza 3.241.461.
Si estas cifras son correctas, la diferencia (de casi cuatro millones de votos) es matemáticamente irreversible.
Este viernes, Amoroso ofreció un segundo boletín que -según dijo- incluía el 96,86% de las actas y que daba ganador a Maduro con 6.408.844 votos, mientras que González Urrutia obtenía 5.326.104.
El presidente del CNE atribuyó el retraso en el anuncio de resultados a un supuesto hackeo al que ya había hecho referencia la noche de las elecciones, pero no divulgó las actas ni ha explicado por qué no las han publicado.
En todo caso, ¿qué busca Maduro al acudir al TSJ?
«Nada que impugnar»
El abogado José Ignacio Hernández, especialista de Aurora Macro Strategies y procurador especial del autoproclamado gobierno de Juan Guaidó, señala que no hay nada que impugnar ante el TSJ.
«El problema de fondo en Venezuela es que no hay ningún acta electoral. En Venezuela no ha habido una divulgación transparente, pública, verificable de los resultados electorales que han sido anunciados», dice Hernández, quien es experto en derecho constitucional y administrativo.
«Precisamente lo que el CNE tiene que hacer es permitir un acceso abierto, apartidista y técnico de todas las actas electorales. Así que este no es un tema de un recurso que se va a presentar ante la Sala Electoral [del TSJ]».
El experto explica que, de acuerdo con la información disponible, Maduro habría presentado lo que en derecho se conoce como un recurso contencioso electoral con una medida cautelar de amparo.
«Preocupa mucho el abuso de la figura de amparo, porque esta es una técnica ya empleada antes por el gobierno”, dice.
Hernández recuerda que en 2015, después de que en las elecciones parlamentarias la oposición se hiciera con una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, el chavismo introdujo un recurso también con solicitud de amparo para impedir que cuatro diputados electos por el estado Amazonas tomaran posesión de su cargo.
Tres de estos diputados eran opositores y hacían la diferencia numérica entre que la oposición tuviera una mayoría simple o una mayoría calificada de dos tercios que le permitiera aprobar reformas importantes.
En aquel momento, la oposición rechazó la medida del TSJ, lo que derivó en una declaración de desacato, gracias a la cual el máximo tribunal anuló todas las decisiones del Parlamento controlado por la oposición.
«El recurso como tal no importa. En diciembre de 2015, la demanda principal era cualquier cosa. De hecho, el TSJ nunca lo resolvió. Lo que en realidad importa es la medida cautelar que puede ordenar a la oposición que entregue las actas», señala Hernández.
El abogado considera que si la oposición acatara una orden semejante del TSJ, esto le supondría despojarse de las pruebas que permiten comprobar los resultados de las elecciones.
«Si entregan las actas, pierden las pruebas. Y si no las entregan, los van a declarar en desacato y los van a meter presos», advierte.
El experto indica que lo que realmente procede en esta circunstancia es lo que han solicitado distintos actores internacionales en el sentido de que las autoridades electorales hagan públicos los datos desglosados de las mesas de votación.
«El Consejo Nacional Electoral es quien tiene la información, tiene las actas originales y las actas de totalización, tiene que divulgar esas actas. Maduro dice que finalmente el [oficialista] Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) tiene las actas. Eso no importa. No son el PSUV ni la oposición los que tienen que mostrar las actas. Es el CNE», apunta Hernández.
«Cortina de humo»
Pero si desde el punto de vista jurídico puede haber dudas sobre el recurso presentado por Maduro ante el TSJ, desde el punto de vista político puede resultarle una jugada útil.
«Yo creo que, simplemente, el gobierno lo que busca es distraer. Con esta jugada del TSJ Maduro está intentando ganar tiempo, porque tiene el agua al cuello debido a que está bajo una presión interna y una presión externa bastante importante en estos momentos», señala Carmen Beatriz Fernández, consultora política de Datastrategia y doctora en comunicación pública.
La analista considera que esa solicitud también permite poner al TSJ, considerado por muchos afín al chavismo, como un mediador que revise la elección y, eventualmente, valide el supuesto fraude.
«El TSJ va a pedir una pausa para evaluar el caso. Esa pausa puede durar un tiempo, durante el cual ellos esperan que baje un poco la presión. Dirán: se lo estoy dando al TSJ y vamos a esperar a ver qué dicen. ¿Y qué dirá el TSJ? Pues lo que Maduro quiere que digan«, apunta.
La Sala Electoral del TSJ anunció el jueves que admitía el recurso interpuesto por Maduro y convocó a los 10 candidatos presidenciales para que asistieran a su sede este viernes, dónde se les notificó del procedimiento en marcha.
González Urrutia no asistió, pero sí lo hizo Enrique Márquez, candidato del partido opositor minoritario Centrados, quien se negó a firmar la notificación.
«Vine a ver de qué se trataba y me voy igual. No sé de qué se trata esto. La Sala Electoral admite un recurso del presidente de la República, que fue declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral. ¿Contra qué concurre el presidente de la República?, ¿contra su propia proclamación?«, se preguntó Márquez al abandonar el acto.
Márquez dijo que el TSJ les pidió firmar una notificación sobre el recurso interpuesto por Maduro, pero que él se negó a firmarla porque no se les dio a conocer el texto de esa demanda.
«No me siento notificado de nada. La notificación tiene que venir acompañada del recurso», señaló.
«Ratifico mi compromiso con la voluntad popular expresada el 28 de julio y aprovecho la majestad del TSJ para desde acá exigirle al CNE que se ponga a derecho y publique los resultados electorales que soportan el boletín #1 y #2, producido el día de hoy, mediante el cual ofrece los resultados. No hay otra forma», sostuvo.
La imparcialidad del TSJ
Los reparos del abogado Hernández van más allá de las cuestiones jurídicas mencionadas y se relacionan con la desconfianza existente sobre la imparcialidad del CNE y del TSJ.
Tres de los cinco directivos del CNE son considerados representantes del oficialismo. Su presidente, Elvis Amoroso, fue diputado por el PSUV y, luego, siendo contralor general de la República fue el responsable de la inhabilitación administrativa que impidió a la líder de la oposición, María Corina Machado, postularse a la presidencia.
Esta medida -avalada luego por el TSJ- no solamente fue cuestionada por la oposición, sino también por instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno», señaló la CIDH en enero de este año.
En cuanto al TSJ, todos sus integrantes han sido nombrados por parlamentos dominados por el chavismo y entre estos hay algunos que han formado parte del PSUV como Calixto Ortega, quien fue diputado de la Asamblea Nacional por ese partido, fue vicecanciller durante el gobierno de Hugo Chávez y, luego, fue nombrado magistrado de la sala constitucional del TSJ.
Caryslia Rodríguez, actual presidenta del TSJ y quien dirige la Sala Electoral donde se dirimirá el recurso de Maduro, fue electa concejal en 2018 por el PSUV y, posteriormente, fue alcaldesa encargada del Distrito Capital.
Numerosos juristas y expertos que han analizado las decisiones del TSJ a lo largo de los últimos años señalan que hay un patrón en sus sentencias que, invariablemente, una y otra vez, favorecen al oficialismo.
La jefa de la misión de observación electoral que el Centro Carter envió a Venezuela, Jennie K. Lincoln, cuestionó que el TSJ vaya a inmiscuirse en el proceso electoral.
«No es una evaluación independiente», dijo la experta en una entrevista con la agencia AP en la que señaló que, en lugar de ir al TSJ, Maduro debería exigir al CNE que publique los datos de la elección mesa por mesa.
El informe final divulgado el martes por el Centro Carter es muy crítico con las elección del 28 de julio y concluye que no alcanzó los «estándares internacionales de integridad electoral» y que «no puede ser considerada democrática».
En cuanto al CNE, indicaron que «a lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición».
La analista Fernández le dijo a BBC Mundo que la decisión del gobierno de acudir al TSJ se contradice con el discurso del chavismo que durante décadas «alardeaba de que el Poder Electoral era el quinto poder del Estado».
«No creo que nadie va a comprar lo del TSJ porque al final lo que está en juego es lo que tú has demostrado, no solo el domingo, sino a lo largo de los años: que no tienes autonomía de poderes. Entonces, así como el Poder Electoral no es independiente, tampoco lo es el TSJ. De manera que no es necesario que pongas en manos del TSJ una decisión simplemente derivada de un crimen electoral que cometió el árbitro», dice la experta.
El oficialismo venezolano siempre ha negado el señalamiento de que en ese país no hay independencia de poderes y ha rechazado las acusaciones de que todos los poderes del Estado son apéndices del Ejecutivo.
