“Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña; se llama Ernesto X, tiene 40 años…”. Así dice la canción “Desapariciones”, de Rubén Blades y Seis del Solar, con la cual puede graficarse la preocupante realidad que vive la sociedad dominicana con el alto número de personas que se esfuman de la noche a la mañana.
El de la niña Brianna Genao, reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre, viene a sumarse a la larga lista, pero que ha sensibilizado al pueblo frente a un Estado que evidencia serias debilidades estructurales del Estado frente a este tipo de emergencias. Cifras oficiosas cuentan por miles las personas desaparecidas en República Dominicana durante el último cuatrienio, generando un drama doloroso caracterizado por la preocupación, la desesperanza y la incertidumbre de numerosas familias.
La situación no parece sensibilizar a las autoridades oficiales. A los legisladores no les motiva promover iniciativas que contribuyan a afrontar esa situación. No existen instancias estatales que feliciten respuestas rápidas que lleven, al menos, consuelo a esas familias. En fin, el fenómeno que constituye la desaparición de personas no aparenta figurar en la mesa de futuras soluciones.
Ahora, presionados por esa realidad que golpea sus rostros, legisladores hablan de la necesidad de aprobar la ley de Alerta Amber, que busca activar la búsqueda de desaparecidos antes de las 72 horas establecidas en la legislación dominicana. Esta iniciativa, que se encuentra engavetada desde 2022 en el Congreso Nacional, propone la creación de un sistema de localización y resguardo para personas vulnerables, incluyendo niños, adolescentes y personas con discapacidad cognitiva o enfermedades mentales.
Lo cierto es que las familias afectadas solo apelan al tiempo y a los milagros de que sus seres queridos un día crucen el umbral de la puerta de su lar nativo o que una llamada telefónica les cambie el sufrimiento por la alegría. Mientras que en los medios de comunicación y las redes sociales siguen apareciendo los avisos de la desaparición de alguien, de cualquier edad o en cualquier lugar.
Una estrategia comunitaria ante la inacción de las autoridades ha sido la creación de la Asociación Dominicana de Familias Desaparecidas (Asodofade), un colectivo que lucha y exige respuestas. En realidad, no tiene mucho campo para accionar, debido a la inexistencia de un marco legal que le posibilite un mayor alcance, aunque sí ha venido a ofrecer un poco de visibilidad de una problemática que convoca a la solidaridad nacional.
El colectivo ha hablado de más de 2,000 desaparecidos en los últimos cuatro años; en tanto, la Procuraduría General de la República sitúa en dato oficial en 1,209. Independientemente de cuál sea el registro real, la desaparición de una sola persona debería ser motivo de preocupación en cualquier sociedad mínimamente sensible ante el dolor ajeno.
El silencio profundiza el estado de desesperanza de miles de familias diseminadas en toda la geografía nacional, buena parte de las cuales no recibe ni informaciones ni atenciones de parte de las autoridades cuando tocan una y otra vez sus puertas. No basta con que los afectados hayan puesto en marcha diversos mecanismos de búsqueda, como redes de apoyo a través de WhatsApp, donde familiares comparten información y coordinan esfuerzos para encontrar a sus parientes.
Corresponde al Estado, no a particulares, el establecimiento de estructuras eficientes que contribuyan significativamente en la localización de desaparecidos.
La triste desaparición de Brianna llega sin que se tengan noticias de Roldany Calderón, el niño de tres años desaparecido en Jarabacoa en marzo de 2025.
¡Basta ya de tanta inacción estatal!
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