Carles Puigdemont tiene mayoría, pero no puede asumir cargo.
Barcelona.- El expresidente de la región de Cataluña Carles Puigdemont solicitará a un juez del Tribunal Supremo permiso para participar en persona en el pleno de investidura del Parlamento autonómico, el martes 30, en el que es candidato a la reelección.
Puigdemont huyó a Bruselas el 30 de octubre y desde entonces elude la orden de la Justicia española, que le investiga por presuntos delitos de rebelión y sedición, entre otros, por impulsar un proceso secesionista ilegal.
Si pisa territorio español será detenido y llevado ante el Tribunal Supremo y por eso va a pedir al juez Pablo Llarena, que instruye esa causa, que le permita estar en Barcelona (noreste) el martes próximo.
Obtener ese permiso es el único modo para hacer legal el debate de investidura del dirigente independentista, después de que en la noche del sábado se pronunciara al respecto el Tribunal Constitucional (TC) español.
El Gobierno de Madrid había recurrido de urgencia ante el TC para que impidiera un eventual debate de investidura a distancia, ya que Puigdemont manejaba la hipótesis de participar por videoconferencia o con un discurso que sería leído por un diputado de su grupo.
La petición que Puigdemont planteará al Supremo es inminente, según anunció uno de sus principales colaboradores y antiguo integrante de su Gobierno, Josep Rull, quien criticó el dictamen del Constitucional por “inaudito, con medidas cautelares impropias».
El acuerdo del TC ha causado un profundo debate en España, puesto que no se ha pronunciado sobre lo que le pedía el Gobierno, que era suspender el pleno del martes en el Parlamento catalán y la candidatura de Puigdemont como prófugo de la Justicia.
En esa misma situación están los cuatro exconsejeros regionales cesados que se fugaron con él a Bruselas el pasado 30 de octubre y de los que tres de ellos, anunciaron que mañana renunciarán a su escaño (resultaron elegidos en las elecciones del 21 de diciembre) para blindar así la mayoría independentista en la cámara.
Se trata de Clara Ponsatí y Lluís Puig (Junts per Catalunya, centroderecha independentista y la formación de Puigdemony) y de Meritxell Serret (ERC, izquierda republicana secesionista).
El TC ha dejado así para más adelante ese debate y ha optado por una medida cautelar que obliga al candidato independentista a acudir en persona si quiere ser elegido presidente autonómico, lo que no está claro, porque requeriría el aval del juez del Supremo.
El mismo magistrado ahora interpelado, Pablo Llarena, negó al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y a los diputados electos Joaquim Forn y Jordi Sánchez acudir a la sesión de apertura del “Parlament”, hace unos días y les mantiene en prisión provisional por los mismos delitos que atribuye a Puigdemont.
En las filas independentistas, cuyos partidos tienen mayoría en la Cámara autonómica (70 escaños de 135), insisten en la opción de Puigdemont y, así, la dirigente de su partido Marta Pascal dijo hoy que si el candidato “se pudo presentar a las elecciones (del pasado 21 de diciembre mientras estaba en Bruselas) debe poder ser investido”, por lo que -añadió- “no nos moveremos de este planteamiento».
El partido aliado, ERC, apoyó esa tesis y su dirigente Sergi Sabrià aseguró que tras la resolución del TC sobre el pleno de investidura del próximo martes “ahora que el embate es más feroz que nunca, queda más claro que Puigdemont ha de ser nuestro candidato».
Por el contrario, entre los partidos defensores de la legalidad y la unidad de España plantearon a los independentistas que cambien de idea.
Así, el dirigente del gobernante PP (centroderecha) Pablo Casado pidió a la mayoría independentista que “piensen en un candidato que no tenga ningún problema judicial” y “sobre todo, que tenga una ‘hoja de ruta’ que sea la de cumplir con la ley».
Entre los socialistas, segundo partido de España, su dirigente José Luis Ábalos pidió a los independentistas “que renuncien a su agenda y vuelvan a la ley y a la normalidad” y advirtió de que el próximo presidente de la comunidad autónoma de Cataluña debe serlo para todos los ciudadanos y no para mantener vivo un proyecto secesionista.
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas de España ha acordado el el inicio de una investigación de la contabilidad de la red de oficinas de representación del cesado Gobierno regional catalán para comprobar el destino de los recursos asignados a la política de acción exterior de Cataluña entre los ejercicios 2011-2017.
La decisión responde a las medidas aprobadas por el pleno del Senado español el pasado 27 de octubre en aplicación del artículo 155 de la Constitución, en defensa del retorno a la legalidad de esa región española tras la decisión unilateral de declarar la independencia.
