Los escombros de una casa tras el paso del huracán María en el barrio pobre de La Perla en San Juan, Puerto Rico. AP. Foto de archivo
SAN JUAN.-El gobernador de Puerto Rico presentó el jueves un plan fiscal revisado que estima una reducción del 11% en la economía del territorio caribeño estadounidense y un declive de casi el 8% en su población para el año que viene.
La previsión difundida por la mañana no reserva dinero para pagar a acreedores en los próximos cinco años, en medio del proceso para reestructurar parte de sus 73.000 millones de dólares de deuda pública.
El plan original había apartado 800 millones de dólares anuales para los acreedores, apenas una parte de los 35.000 millones de dólares en intereses y cuotas que vencen en la próxima década.
El plan de cinco años también asume que Puerto Rico recibirá 35.000 millones en fondos federales para ayudar a su recuperación tras el huracán María, y otros 22.000 millones de dólares de aseguradoras privadas.
Algunos analistas vieron esa suposición como arriesgada, dado que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Agencia Federal de Gestión de Emergencias dijeron hace poco a las autoridades puertorriqueñas que retendrán de forma temporal miles de millones de dólares autorizados el año pasado por el gobierno para la recuperación del huracán porque creían que la isla ya tenía fondos suficientes.
«Creo que contar con 30.000 millones es una exageración», dijo el economista puertorriqueño José Caraballo en una entrevista telefónica. «Hay mucha incertidumbre en ese sentido, sobre todo con un gobierno republicano al que le importa poco o nada lo que sucede en Puerto Rico».
Sin embargo, Caraballo elogió la propuesta de suspender los pagos de deudas durante cinco años, al señalar que esos pagos reducirían la capacidad del gobierno para proveer servicios esenciales.
Pero dijo que el gobierno debería haber aclarado cuánto espera que sea el recorte de la deuda. Gerardo Portela, director de la Agencia Fiscal y Autoridad de Asesoría Financiera de la isla, no estaba disponible para hacer comentarios en un primer momento, según un portavoz. El plan no contempla despidos ni nuevos impuestos.
En su lugar, el gobernador, Ricardo Roselló, volvió a pedir reformas laborales y fiscales, así como la privatización de la compañía eléctrica del país para ayudar a generar ingresos y fomentar el desarrollo económico tras 11 años de recesión.
El gobernador señaló que casi la mitad de los 3,3 millones de habitantes de la isla vivían en la pobreza antes del huracán y que Puerto Rico sigue sufriendo una tasa de desempleo del 11%. En la última década, casi medio millón de personas se han marchado a territorio continental estadounidense para buscar empleos y un coste de la vida más asequible.
«Debemos trabajar como gobierno para impedir que esto ocurra, y en eso nos estamos centrando», dijo. Roselló señaló que el recorte original de 350 millones de dólares a las 78 municipios de la isla no se impondrá de inmediato, mientras las localidades luchan por superar el huracán.
En cambio, señaló, recibirán más dinero de lo habitual en los próximos años. El gobernador también pidió la reducción de varios impuestos, incluido uno del 11,5% sobre el precio de productos y servicios y otro del 7% sobre la comida preparada.
Más del 30% de los titulares de contratos de suministro eléctrico siguen a oscuras más de cuatro meses después del huracán María, lo que obliga a muchos a gastar sus menguantes ahorros comiendo fuera de casa.
Una junta de control federal que supervisa las finanzas puertorriqueñas tiene que aprobar el plan, algo previsto para el 23 de febrero. «La Junta de Supervisión ve la aplicación de reformas estructurales y la inversión en infraestructura crítica como clave para restaurar el crecimiento económico y fomentar la confianza de los habitantes y negocios», indicó Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la junta, en un comunicado el jueves.
«Nuestra prioridad para certificar los planes revisados es asegurarnos que reflejan la realidad de Puerto Rico tras el huracán».
